Profesor de Derecho de la Universidad de Guadalajara, Miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Capítulo Jalisco.*
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El Poder Judicial Federal está viviendo una de las peores crisis de su historia desde su creación en 1824; una crisis económica, política y social ante el desprestigio al que lo ha sometido el Poder Ejecutivo Federal, así como el Poder Legislativo en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, con sus líderes parlamentarios que ante un bajo nivel de discusión descalifican con adjetivos y frases fuera de norma constitucional el trabajo del Poder Judicial Federal, por oponerse ante el procedimiento del Derecho Constitucional a las ocurrencias que transgreden la armonía social y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acusándolos de corrupción, sin comprobar hasta el momento los actos de corrupción de los jueces, magistrados y ministros de este Poder, donde todos son dichos, palabras que sin pruebas los medios de comunicación toman y se hacen escuchar en la opinión pública, desprestigiando el contrapeso más importante de la División de Poderes como es el Poder Judicial Federal
El Poder Judicial Federal con aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal de 2025 que aprobó la Cámara de Diputados dejo en el desamparo presupuestal al Poder Judicial Federal que hoy está viviendo como nunca lo había vivido en su historia presupuestal la pobreza franciscana, careciendo de los recursos más indispensables para trabajar como son: agua potable para tomar, hojas blancas tamaño oficio, hojas blancas tamaño carta, toner, computadoras, impresoras, plumas, lápices, papel sanitario, jabón para manos y aseo de las oficinas y baños, así como escobas y trapeadores.
La pobreza franciscana del Poder Judicial Federal ha obligado a los trabajadores de este Poder a comprar con su salario, agua potable para tomar, papel sanitario, papelería y equipos para realizar su trabajo, con un reducido presupuesto a un mínimo de dinero el Poder Judicial sigue sus funciones atendiendo las demandas de los ciudadanos, notificando y emplazando todavía con hojas de papel, imprimiendo como pueden, porque la justicia no puede parar y el trabajo de la administración de justicia se da de manera constante, día con día, respetando los términos procesales en esta dinámica del procedimiento de los juicios en las materias civiles, administrativas, laborales y penales.
Anteriormente los Colegiados Unitarios formaron parte de la administración de la justicia federal, el juicio de amparo tenía la facultad de proteger con la justicia de la Nación a los ciudadanos que se dolían por violaciones al procedimiento y a la ley, más sin embargo el juicio de amparo ante las negativas de acatarlo en el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo, así como la Sala Superior del Tribunal Electoral vive su destrucción constitucional.
Con la transformación de los Juzgados Especializados, así como de los Colegiados de Apelación producto de la anterior reforma constitucional del Presidente de la Suprema Corte Ministro Arturo Zaldívar dado al cúmulo de trabajo por los que siempre han atravesado estos órganos jurisdiccionales, los Juzgados por materia desaparecieron sumándolos a las líneas de las ciencias jurídicas de administrativos y penales, de civiles y laborales, donde los trabajadores del Poder Judicial viven la pobreza franciscana que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la actual Presidente de la República no les ha aumentado un solo peso en su salario como trabajadores del Poder Judicial Federal afectando la economía de sus familias.
