Estos hechos invitan a reflexionar sobre las declaraciones previas que consideraban superado este problema. La realidad demuestra que no basta con proclamar avances; es necesario consolidarlos con acciones concretas.
México es un país con libertad de conciencia y de religión. Ambas garantías están protegidas por el artículo 24 constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, así como a participar, individual o colectivamente, en público o en privado, en las ceremonias y actos del culto respectivo, siempre que no constituyan delito.
La ley es clara. También lo son los tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 18 reconoce el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, incluyendo la posibilidad de cambiar de creencia y de manifestarla mediante la enseñanza, la práctica y el culto.
Sin embargo, a pesar de esta solidez jurídica, la discriminación por motivos religiosos sigue siendo una constante en distintos estados de la República. La distancia entre la norma y la realidad revela que el problema no radica en la ausencia de leyes, sino en la falta de una auténtica cultura de respeto y aplicación de las mismas.
En este espacio hemos documentado casos de discriminación en entidades como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Jalisco e Hidalgo. Precisamente en Hidalgo se vive actualmente un nuevo episodio preocupante. En la comunidad de La Centinela, perteneciente al municipio de Ixmiquilpan, un grupo de evangélicos enfrenta presuntas actitudes de intolerancia que vulneran su derecho a practicar libremente su fe.
La situación ha escalado al grado de que el regidor Enrique Simón Romero solicitó acompañamiento para un grupo de vecinos que acudió al Palacio de Gobierno en Pachuca para exponer su caso de presunta intolerancia religiosa. Según lo expresado por este funcionario público de elección popular, la situación no ha sido atendida con la prontitud ni la seriedad que amerita, lo cual incrementa la preocupación.
La libertad religiosa no puede ser un principio decorativo en la Constitución. Debe ser una garantía viva, efectiva y defendida sin distinciones. Mientras exista un solo caso de discriminación por motivos de fe, el compromiso del Estado y de la sociedad seguirá pendiente.
