Integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUCSH y miembro del Sistema Nacional de Investigadores*
@jorgechaires
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La Carta Democrática Interamericana es un documento adoptado el 11 de septiembre de 2001 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el objetivo de fortalecer y proteger la democracia en la región. Establece principios democráticos y mecanismos para responder a amenazas contra el orden democrático en los países miembros.
Aunque la Carta Democrática no cuenta con mecanismos coercitivos para obligar a los gobiernos a cumplir sus principios, por lo que depende del consenso político, resulta ser un instrumento valioso para la defensa de la democracia en Latinoamérica. Muchas veces los países miembros evitan aplicar sanciones por intereses políticos o económicos, además de que existe resistencia particularmente de gobiernos autoritarios o regímenes con poca voluntad democrática que ignoran las resoluciones de la OEA.
La Carta Democrática marca parámetros de actuación en donde podemos advertir si un país se aleja de los principios democráticos ahí establecidos. Así, por ejemplo, el artículo 4, segundo párrafo, dispone que: “La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”.
Los gobiernos de López Obrador y, ahora el de Claudia Sheinbaum han realizado diversos desacatos a las órdenes dictadas por jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Los desacatos en la historia de México se han realizado por presidentes señalados de actitudes autoritarias: Plutarco Elías Calles; Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán Valdés; Gustavo Díaz Ordaz; José López Portillo; Carlos Salinas de Gortari. No hay registro de desacatos por parte de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto.
Andrés Manuel López Obrador incurrió en varios desacatos durante su gestión. 1. Desacato a las suspensiones contra la Reforma Eléctrica (2021-2022). 2. Desacato a la orden de designar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. 3. Desacato a la resolución de la Corte de no imponer la reforma electoral conocida como “Plan B”. 4. Desacato a la reducción del presupuesto al Poder Judicial. Desacato a la orden de los jueces para que el gobierno garantizara medicamentos para niños con cáncer.
Claudia Sheinbaum ha seguido la misma línea autoritaria de no acatar las órdenes de un poder legalmente constituido, en una clara violación al artículo 4º de la Carta Democrática. 1. Reforma al Poder Judicial (octubre 2024). La jueza Nancy Juárez Salas ordenó eliminar la publicación de dicha reforma del Diario Oficial de la Federación, argumentando que se habían violado procedimientos constitucionales. La presidenta Sheinbaum se negó a acatar la orden, argumentando que la jueza carecía de facultades para emitir dicha resolución y que el juicio de amparo es improcedente contra reformas constitucionales. Se desacató la orden. 2. Conflicto entre la Suprema Corte y el Tribunal Electoral (febrero 2025). El TEPJF, con una mayoría oficialista, intentó disputar las facultades de la SCJN para revisar juicios de amparo relacionados con la reforma. La presidenta Sheinbaum defendió la reforma y celebró las resoluciones que favorecen su implementación, a pesar de las suspensiones judiciales en contra. Incluso, el presidente del senado Gerardo Fernández Noroña se atrevió a decir que las resoluciones de la Corte son intrascendentales.
