El senador de Morena indicó que el incremento no corresponde con la calidad del servicio
Pablo Toledo
El senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, solicitó desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la suspensión del incremento a la tarifa del transporte público en Jalisco, al considerar que la medida carece de una evaluación social integral y vulnera el derecho humano a la movilidad de millones de personas.
El legislador exhortó al Poder Ejecutivo estatal a frenar la aplicación del nuevo costo y abrir un proceso de revisión participativa que permita equilibrar la viabilidad financiera del sistema con la protección de los usuarios, especialmente en una entidad donde el transporte público es utilizado de manera cotidiana por amplios sectores de la población.
De acuerdo con cifras del INEGI citadas por Lomelí, Jalisco cuenta con más de ocho millones de habitantes, de los cuales 5.3 millones residen en el Área Metropolitana de Guadalajara, mientras que durante 2025 se registraron alrededor de 26 millones de viajes en las distintas modalidades del transporte público.
El senador señaló que el incremento no corresponde con la calidad del servicio, al denunciar que persisten deficiencias como unidades obsoletas, rutas insuficientes, largos tiempos de espera y condiciones de inseguridad para los usuarios, lo que agrava el impacto económico del aumento tarifario.
Lomelí recordó que durante la administración de Enrique Alfaro la tarifa pasó de 7.00 a 9.50 pesos sin que sesionara el Comité Técnico Tarifario, y acusó que ahora, pese a que el gobernador Pablo Lemus aseguró que no habría ajustes, el pasado 26 de diciembre de 2025 se aprobó elevar el costo a 14.00 pesos por pasaje.
Explicó que, aunque el gobierno estatal anunció un subsidio de tres pesos por viaje mediante una nueva tarjeta electrónica, en la práctica los usuarios pagarán 11.00 pesos, además de que el beneficio solo aplicará para quienes adopten el nuevo sistema, dejando fuera a quienes continúen pagando en efectivo.
El senador advirtió que este esquema afecta de manera directa a personas adultas mayores, personas con discapacidad y sectores vulnerables, ya que condicionar tarifas preferenciales al uso de herramientas tecnológicas puede generar barreras económicas y administrativas que limitan el acceso al transporte.
Lomelí subrayó que el aumento está programado para entrar en vigor el 1 de abril de 2026, por lo que aún existe margen para revisar la decisión y abrir un diálogo que permita garantizar la sostenibilidad del sistema sin sacrificar el derecho a la movilidad ni profundizar la desigualdad social.
