Diputados cuestionan eficacia del programa de verificación vehicular en Jalisco
Revisan en el Congreso de Jalisco la efectividad y transparencia del programa de verificación vehicular
Guadalajara, 28 de marzo de 2026
Revisan en el Congreso de Jalisco la efectividad y transparencia del programa de verificación vehicular
Pablo Toledo
La operación y los resultados del programa de verificación vehicular en Jalisco fueron puestos bajo revisión durante una sesión de trabajo de la Comisión Especial Temporal para el Estudio y Análisis de este esquema en el Congreso del Estado, encabezada por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
En la reunión participaron autoridades estatales en materia ambiental, entre ellas la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Paula Bauche Petersen, así como la directora jurídica de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, Almendra Bueno Castro, quien acudió en representación del director del organismo.
Durante la comparecencia se expuso un panorama sobre la calidad del aire en la entidad y las principales fuentes de contaminación que inciden en su deterioro, entre ellas los incendios forestales, las ladrilleras, la actividad industrial y las emisiones generadas por los vehículos automotores.
Uno de los puntos centrales del análisis fue la situación en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se concentra cerca de 70 por ciento de la población del estado, lo que la convierte en la región con mayor presión en materia ambiental y de movilidad.
De acuerdo con la información presentada ante las y los legisladores, para que el programa de verificación vehicular tenga un impacto real en la calidad del aire se requiere la participación de al menos 60 por ciento del parque vehicular; sin embargo, durante 2025 únicamente alrededor de 25 por ciento de los automóviles verificables cumplieron con el proceso.
Ante ese nivel de cobertura, diputadas y diputados plantearon dudas sobre la efectividad del esquema y señalaron la necesidad de reforzar su socialización entre la población, al considerar que persiste una percepción negativa sobre su aplicación.
En la sesión también se expusieron cuestionamientos en torno a la transparencia del programa, ya que algunos participantes señalaron que una parte de la ciudadanía lo percibe más como un mecanismo recaudatorio que como una política pública ambiental. En ese contexto, se pidió mayor claridad sobre el destino de los recursos obtenidos y sobre los resultados concretos alcanzados.
Además, se pusieron sobre la mesa inquietudes relacionadas con la ausencia de licitaciones públicas en el esquema de operación, cuyo monto ronda los 900 millones de pesos anuales, según información referida por la Secretaría de Hacienda. También se abordaron dudas sobre la equidad en la aplicación del programa, su impacto en personas con vehículos antiguos o de menores ingresos, así como el seguimiento a las unidades que no aprueban la verificación.
