Piden que la Contraloría del Estado, como autoridad garante de la protección de los datos personales, investigue la filtración de la información personales del diputado
Victor Ramírez
A los diputados de Hagamos les preocupa que la información personal del diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, circule sin ningún tipo de control y se invada su privacidad ya que sólo deben estar en manos de la Fiscalía, el inculpado y sus abogados.
En un documento emitido por personal de apoyo de los legisladores, señalan que “resulta preocupante el uso faccioso de instituciones y documentos oficiales. Dichos expedientes por su naturaleza jurídica, deben estar únicamente en posesión de la Fiscalía, del inculpado o sus defensores”.
Detallan que en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que todos los registros de las personas que hayan sido privadas de su libertad o en procesos penales “son estrictamente reservados y sólo las partes podrán tener acceso a ellos”. Por lo que consideran que la filtración de esos datos “vulnera principios constitucionales y la confidencialidad que debe prevalecer en procesos concluidos”.
En el documento mencionan que “es evidente que la filtración viene de instancias con poder para disponer de los documentos y para emprender una campaña mediática. Es una embestida política contra el diputado, como ha sucedido antes en Jalisco cuando figuras públicas resultan incómodas a ciertos intereses”.
Hacen referencia a que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) dio a conocer que conforme a lo establecido en la legislación electoral y código penal de procedimientos electorales la candidatura es legal y se aclara “la inexistencia de irregularidades electorales en su registro y posterior elección”.
Recordaron que la Constitución General establece “con claridad que nadie puede ser juzgado o sancionado dos veces por el mismo delito. La pretensión de ejercer presión política usando información de hace más de veinte años contraviene este principio fundamental”.
Los legisladores demandan que la Contraloría del Estado, como la actual Autoridad Garante de la protección de datos personales, que investigue y canalice sanciones ante la disposición y divulgación ilegal de documentos de la Fiscalía del Estado, así como de juzgados del Poder Judicial.
“Es inadmisible cualquier ataque que involucre al Ejecutivo para influir o presionar al Poder Legislativo. Debe restaurarse cuanto antes la capacidad de diálogo y de interacción entre las distintas fuerzas políticas y dejar de lado la confrontación que no edifica ni construye los necesarios acuerdos que requiere el Poder Legislativo y Jalisco”, concluyeron.
