Fotomultas fantasma: el negocio detrás de las sanciones que aparecen de la nada en Jalisco

Pablo Toledo

Los radares de control de velocidad están en operación desde 2011; desde junio de 2019 su funcionamiento está a cargo de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM).

Total de infracciones por año ↓

Suma total de infracciones (2021–2025): 7,350,298

De estas, entre 2012 y principios de 2017 el Tribunal de lo Administrativo (TAE) resolvió el 95% de las demandas contra fotomultas a favor del ciudadano, lo que se tradujo en miles de multas anuladas.

Para enero de 2025, la fotomulta seguía activa. Cansado y para evitar futuros problemas administrativos, Juan Pablo terminó pagando alrededor de mil 500 pesos por una infracción que nunca cometió.

“Nunca llegó una notificación a mi domicilio, nunca hubo una respuesta clara y al final terminé pagando algo que no me correspondía”, relata. “Uno se pregunta si no es una práctica sistemática para cumplir metas de recaudación”.

“Una multa no puede ser un acto unilateral impuesto por una máquina; debe existir una autoridad responsable que permita al ciudadano ser oído. De lo contrario, se violan principios básicos del debido proceso”.

Además, sostiene que el programa perdió su finalidad preventiva. “Cuando se convierte en recaudatorio, genera prácticas evasivas y desconfianza. La gente deja de creer en la autoridad y busca cómo esquivar el sistema”.

En sondeos realizados a automovilistas y peatones, la mayoría rechaza la instalación de más cámaras y radares al considerar que no buscan prevenir accidentes, sino recaudar recursos.

“Si de verdad fuera por seguridad, habría más policías viales y mejor señalización. Las cámaras solo sirven para sacarte dinero”, señala el conductor Roberto Hernández.

Para María Elena Ruiz, vecina de Zapopan, afirma que el problema no es la velocidad, sino la falta de transparencia: “Nunca te avisan, nunca te explican y cuando te das cuenta ya debes. Eso no es prevención, es una trampa”.

Una opinión similar expresa José Luis Padilla, repartidor: “Siempre dicen que es por los accidentes, pero casualmente están donde más multan. Si fuera por seguridad, arreglarían las calles o pondrían semáforos que funcionen”.

En tanto Claudia Martínez, madre de familia, considera que el esquema castiga sin educar: “No hay campañas de cultura vial, solo sanciones. Parece más un negocio que una estrategia para cuidarnos”.

“No compartimos un modelo de coacción y sanción; el estado debería apostar por la prevención y la cultura vial, no por un sistema recaudatorio que castiga sin garantizar legalidad”.