Localmartes, 3 de febrero de 2026
PRI exige la renuncia de Leonardo Almaguer y demanda investigación de Fiscalía Anticorrupción e IEPC
Esto tras exhibirse que estuvo detenido por robo y delincuencia organizada
Víctor Chávez

La presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, exigió la renuncia inmediata o mínimo la separación del cargo del diputado Leonardo Almaguer, al considerar inaceptable que continúe como representante de los jaliscienses, tras revelarse que cuenta con antecedentes penales previos a su participación como candidato de elección popular.
Luego de que un medio de comunicación local publicara información sobre los antecedentes judiciales del legislador, Haro sostuvo que el caso no solo plantea un problema ético y moral, sino también uno de carácter legal, por lo que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Instituto Electoral deben dar una explicación clara y abrir una investigación exhaustiva.
La dirigente priista cuestionó cómo fue posible que Almaguer cumpliera con los requisitos de elegibilidad, cuando los aspirantes a cargos públicos deben presentar declaraciones bajo protesta de decir verdad ante la autoridad electoral, incluyendo manifestar si han sido sentenciados por la comisión de algún delito.
“Mientras se esclarece esta situación, lo mínimo que debería hacer este personaje es separarse del cargo”, afirmó Haro, al advertir que resulta grave que un legislador con antecedentes penales esté tomando decisiones que impactan a más de ocho millones de jaliscienses.
Laura Haro informó que el PRI presentará solicitudes formales ante el Instituto Electoral para conocer a detalle el proceso de registro de la candidatura, así como ante la Fiscalía Anticorrupción para determinar si existió falsedad en las declaraciones entregadas durante dicho trámite, lo que podría constituir un delito adicional.
La presidenta del PRI en Jalisco subrayó que los partidos políticos que postularon al diputado —PT, Morena, Partido Verde, Futuro y Hagamos— tienen responsabilidad directa y deben explicar por qué no se detectaron o, en su caso, por qué se omitieron estos antecedentes.
Finalmente, consideró que el caso sienta un precedente grave para la vida democrática del estado y reiteró la necesidad de elevar los filtros de selección de candidaturas, a fin de evitar que personas con antecedentes penales accedan a cargos de representación popular sin que la ciudadanía tenga conocimiento de ello.