Destacó que ya es recurrente la relación de Morenistas con hechos delictivos
Víctor Chávez
“México y Jalisco merecen gobernantes que se conduzcan con honestidad, lealtad y patriotismo, no una serie de encubridores o colaboradores de quienes dañan a nuestras familias”, señala el documento emitido por el Comité Directivo Estatal del PRI.
Guadalajara, Jalisco.– El Partido Revolucionario Institucional en Jalisco exigió a las autoridades federales una investigación seria, transparente y con total apego a la ley tras la detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, señalado por presuntos delitos de extorsión y vínculos con la criminalidad organizada.
A través de un comunicado difundido este 5 de febrero de 2026, el PRI Jalisco informó que se mantiene atento a los reportes oficiales sobre el caso y subrayó la necesidad de que las indagatorias se realicen sin sesgos ni encubrimientos, debido a la gravedad de los señalamientos que pesan sobre el edil, quien llegó al cargo bajo las siglas de Morena.
El instituto político advirtió que este no es un hecho aislado, sino parte de una recurrente serie de casos en los que servidores públicos de extracción morenista han sido señalados por presuntos vínculos criminales, lo que, afirmaron, resulta “preocupante” y exige una respuesta inmediata del Estado mexicano.
En ese sentido, el tricolor hizo un llamado directo a las autoridades federales para que, en el ámbito de sus responsabilidades, inicien los procesos legales correspondientes contra quienes resulten responsables, y advirtió que no tolerará ningún delito cometido desde el ejercicio del poder.
“El priismo de Jalisco no callará ni tolerará la comisión de ningún delito desde el ejercicio del poder”, subrayó el partido, al tiempo que reiteró su postura de respaldo a las instituciones encargadas de procurar justicia, siempre que actúen con independencia y transparencia.
El posicionamiento del PRI se suma a la creciente presión política y social en torno a la detención del alcalde de Tequila, un caso que ha reavivado el debate sobre la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales y la responsabilidad de los partidos políticos en la selección y vigilancia de sus cuadros.
