Se aprueba en el Congreso apoyo a víctimas del domingo 22 de febrero en Jalisco

Viridiana Saavedra

El Congreso del Estado instó a los gobiernos estatal y federal a presentar un Plan Integral de Atención a víctimas de los hechos violentos el pasado 22 de febrero.

Dicho plan además de atender a personas afectadas en su patrimonio, incluye atención en salud, psicológica, reactivación económica, infraestructura y movilidad, informó el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, de la fracción parlamentaria de Hagamos, promotora de dicha propuesta.

Aplaudió que todas las fuerzas políticas respaldaron el acuerdo de crear un plan coordinado de atención para las personas afectadas en Jalisco, donde mayor impacto tuvo la jornada violenta tras el operativo en Tapalpa, donde perdió la vida el líder de uno de los cárteles en el país.

Señaló que los bloqueos, incendios de vehículos, daños a comercios, farmacias, gasolineras, plazas y unidades de transporte, además de pérdidas humanas entre elementos de seguridad y población civil, merecen la atención inmediata de autoridades de todos los niveles de gobierno.

En ex exhorto solicitaron además la activación de los mecanismos previstos en la Ley General de Víctimas, incluyendo el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI).

Pidieron también la elaboración de un Padrón y Censo General de Afectados en los municipios, para dimensionar con precisión el alcance de los daños.

Por parte del Congreso, la totalidad de fracciones parlamentarias se comprometieron a continuar con reuniones de trabajo conjuntas con los ejecutivos estatal y federal, así como con los presidentes municipales de las localidades afectadas, para dar seguimiento a los apoyos que se otorgarán.

Recordó que tras las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara surgió el Decreto 14770 y se formó el Patronato para el Auxilio e Indemnización de los Afectados del Sector Reforma, por lo cual, el esquema podría ser similar.

Bravo Padilla agregó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Víctimas obliga a garantizar una reparación oportuna, plena, integral y efectiva a las víctimas.