Además, pasarán dos años y cuatro meses en prisión; deberán cubrir un millón de pesos
Víctor Chávez
Las autoridades destacaron que este fallo sienta un precedente en el combate a la corrupción y en la sanción a servidores públicos que utilizan su cargo para beneficio personal en detrimento de instituciones públicas.
Dos exempleados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) fueron sentenciados a dos años, cuatro meses y 24 días de prisión, además de 24 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras admitir su responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, al rentar para su beneficio salones de eventos propiedad del Instituto.
Se trata de Moisés Absalón “N”, exadministrador de los salones de eventos del IPEJAL, y Alba Marisol “N”, su exasistente. La sentencia fue dictada durante una audiencia celebrada la tarde del martes 30 de diciembre, en los juzgados de Puente Grande, donde el Juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Gustavo Jazmany Lepe Soltero, aprobó el procedimiento abreviado solicitado por las partes.
Además de la pena corporal y la inhabilitación, el juez avaló un plan de reparación del daño que incluye el pago de 966 mil 198 pesos al IPEJAL, una reparación del daño a la sociedad mediante un donativo conjunto de 30 mil pesos al área de Cancerología Infantil del Hospital Civil de Guadalajara, así como una multa de 3 mil 848 pesos. En conjunto, las sanciones económicas superan un millón de pesos.
De acuerdo con la investigación, entre 2021 y 2023 los sentenciados crearon una empresa privada a través de la cual rentaban como propios dos salones de eventos del IPEJAL. Para operar el esquema, bloqueaban fechas en los inmuebles y las ofrecían al público, solicitando a los clientes firmar dos contratos: uno oficial con el IPEJAL y otro con su empresa particular.
Los usuarios desconocían que los salones pertenecían al Instituto. Los exempleados cobraban montos que duplicaban la tarifa oficial, pero al IPEJAL solo ingresaba la cantidad establecida en el tabulador; el excedente se lo quedaban, argumentando que correspondía a “servicios adicionales”.
Investigación y proceso
El caso salió a la luz a inicios de 2023, cuando la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibió una denuncia anónima. Tras las indagatorias, se localizaron alrededor de 20 contratos privados con estas irregularidades. El 28 de mayo de 2025, los exempleados fueron presentados ante un juez, quien los vinculó a proceso, mismo que concluyó con la sentencia condenatoria.
