Sin duda alguna, un régimen que necesita debilitar los contrapesos para gobernar no es heredero de Juárez; es, precisamente, lo que Juárez pasó su vida combatiendo.
El pasado 21 de marzo se cumplieron 220 años del nacimiento del único presidente indígena que ha tenido México, del abogado zapoteca que llegó desde Guelatao, Oaxaca, sin hablar español, para convertirse en el arquitecto del Estado laico, republicano y federal que —al menos en teoría— seguimos habitando. La pregunta que su aniversario nos obliga a hacer no es quién fue Juárez, sino qué haría hoy frente a los gobiernos que lo invocan como bandera mientras desmantelan, pieza por pieza, los principios que él defendió.
La biografía de Juárez es, antes que nada, una lección de tenacidad institucional. Contra toda corriente en su infancia, estudiante de leyes por voluntad propia, gobernador de Oaxaca, ministro, presidente constitucional en el exilio y restaurador de la República, su trayectoria es la demostración más contundente de que el mérito, cuando encuentra las instituciones adecuadas, puede transformar una nación.
Una anécdota lo retrata entero. Durante los años más adversos de la Intervención Francesa, cuando Maximiliano ocupaba el mandato y el gobierno republicano deambulaba en carruaje por el norte del país, alguien sugirió a Juárez que firmara la paz con los invasores a cambio de preservar algunas formas. Su respuesta fue categórica: la República no se negocia, se defiende. No cedió. Y ganó.
Su legado descansa sobre tres pilares que siguen siendo fundacionales. Primero, la separación entre el poder civil y el poder religioso. Segundo, la supremacía de la Constitución como norma vinculante para todos, incluido el propio Ejecutivo. Tercero, la defensa de la soberanía nacional frente a cualquier poder extranjero o fáctico que pretenda sustituir a las instituciones legítimas.
Tres principios en los que el juarismo autodeclarado del movimiento que ha gobernado México desde 2018 encuentra sus contradicciones más visibles. Porque el problema con los gobiernos emanados de Morena no es que ignoren el legado de Juárez, más bien es que lo citan con devoción mientras erosionan su herencia con decisiones concretas.
El debilitamiento o desaparición sistemática de organismos trascendentales —INE, CNDH, INAI— atenta contra la arquitectura institucional que impide la concentración del poder en una sola figura. Y la reforma judicial de 2024, que subordina la elección de jueces y ministros a la lógica electoral, socava precisamente aquello que Juárez defendió con más convicción: un republicanismo eficaz.
Además, el populismo como fenómeno político, no es una ideología sino una forme de poder que divide la sociedad. Es, la antítesis del liberalismo republicano que Juárez construyó. Mientras el juarismo apostó por instituciones que sobrevivieran a los hombres, el populismo apuesta por hombres que se impongan sobre las instituciones. Mientras Juárez gobernó en el exilio defendiendo la legalidad, el populismo de Morena reforma las reglas cuando éstas se interponen en el camino.
