Violencia de género: Un obstáculo para el Poder Violeta

Por: Cristina Abril Moreno Hernández
Profesora-Investigadora del IIEPA-IMA-UAGro

Sí bien la violencia se ejerce en los diferentes ámbitos -tanto en la esfera pública como en la privada-, esta reflexión se centra específicamente en aquellas que se ejerce contra las mujeres con aspiraciones a cargos de representación política. Esta problemática se manifiesta principalmente en tres escenarios:

A) Manipulación y simulación: Mujeres que son utilizadas para ocupar un espacio y que, posteriormente, son obligadas, engañas o presionadas para renunciar. Ejemplos emblemáticos son el caso famoso de las “Juanitas y Manuelitas”, los cuales sentaron un precedente en materia electoral y han impulsado reformas legislativas para garantizar una participación más efectiva.

B) Obstaculización en procesos internos: Se refiere a las barreras que pueden interponerse para impedir registros o postulaciones de representación a través del propio partido político, compañeros militantes, manifestándose previo y durante el proceso electoral.

C) Violencia en el ejercicio del cargo: Aquella que sufren las mujeres una vez que han asumido su función pública. En este escenario, la agresión proviene de factores externos como redes digitales, medios de comunicación y grupos de oposición, quienes recurren a ataques personales o campañas de desprestigio.

Esta narrativa describe una parte de la atmosfera cruel y vigente que sigue e impacta en el desempeño, la imagen y la estigmatización de las mujeres. Quienes logran sobrevivir a los primeros obstáculos del proceso electoral, a menudo descubren que estos solo fueron un entrenamiento para los desafíos, aún mayores, que enfrentarán durante el ejercicio de su cargo.

A pesar de este panorama, existen avances significativos. Actualmente se cuenta con un Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, publicado por el organismo electoral administrativo. A nivel nacional, se identifican 476 casos, de los cuales 432 han derivado en sanciones.

En el caso de Guerrero, solo se identifican tres casos hasta el momento, por la actualización y depuración del padrón. Si bien esto podría interpretarse como un escenario positivo, es fundamental plantear las siguientes hipótesis: ¿Por qué manejar cifras bajas en un estado históricamente estigmatizado por la violencia en diversas esferas?

En esta aparente incongruencia permite inferir que el bajo registro no se debe a la ausencia de violencia, sino a factores críticos como: a) falta de información; por el desconocimiento sobre los mecanismos legales para denunciar: b) carencia de cultura de la denuncia; barreras estructurales que impiden iniciar el procedimiento especial sancionador: c) invisibilización; actos que continúan obstaculizando el posicionamiento y la labor de las mujeres que logran romper el “techo de cristal”.

Por lo que resulta imperativo fomentar una cultura de la información y participación para que las cifras reflejen la realidad y se sancionen los actos que aún frenan el liderazgo femenino en la entidad suriana.

De acuerdo a la información proporcionada por el organismo electoral, donde las personas actualmente sancionadas en la entidad son dos ciudadanos y un presidente municipal. Es imperativo precisar que la permanencia en este padrón está sujeto a una temporalidad; por ello, aunque la cifra actual sea de tres registros, otros casos han sido depurados tras cumplirse las medidas de reparación, tales como: pago de multas, disculpas públicas, el retirar publicaciones denunciadas, entre otras acciones.

Los tres casos vigentes son ejecutados por tres hombres que ejercen violencia y se localizan en la región de la Montaña, específicamente vinculados a los municipios de Metlatónoc y Xálpatlahuac. Las conductas identificas en estos expedientes son alarmantes: a) expresiones que violentan a la víctima por su condición de mujer, cuestionando su capacidad para desempeñar cargos públicos. En estos casos, se ha documentado el uso de la policía comunitaria del territorio para ejecutar actos de intimidación y hostigamiento; b) otro de los registros involucra actos de violencia sexual, verbal y psicológica. El agresor es un presidente municipal que actúa bajo la figura de tlayakanki (líder principal o moral del pueblo), utilizando su jerarquía tradicional y política para ejercer poder sobre la víctima.

El seguimiento a los diversos casos de violencia política por razón de género en Guerrero, revela un abanico amplio de situaciones sui generis.

Resulta paradójico que, a pesar de contar con una gobernadora en el estado y una presidenta en el país, lo cual simboliza un avance histórico en la participación política femenina, la región Montaña persiste como una de las zonas más vulnerables y se convierte en un laboratorio de análisis para reflexionar sobre la vigencia real de los derechos de las mujeres, la desigualdad estructural que se agudiza según la demarcación geográfica, los factores multiculturales que condicionan el acceso al poder. El desafío continuo en resaltar la necesidad de seguir desarticulando las barreras culturales, patriarcales que aún imperan en los territorios más alejados.

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