Chilapa de Álvarez, Guerrero: Temor frena denuncias por desapariciones y homicidios

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón advierte que el número de desaparecidos registrados en el municipio no refleja la magnitud del problema; “la gente no denuncia por miedo”

Funeral de Diana, de 13 años, en 2017, en Chilapa, Guerrero — Funeral de la pequeña Diana, de 13 años en, 2017, en Chilapa, Guerrero. / Foto: Archivo Jesús Dorantes / Chilpancingo

José De Jesús Dorantes González

La violencia que se vive desde hace más de una década en Chilapa de Álvarez afecta a las familias y ha fomentado el temor a denunciar los hechos. Ello impide que exista un registro real de personas desaparecidas, ejecutadas o desplazadas en el municipio.

Saúl Vadillo Chalqueño, abogado del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, advierte que, aunque la organización sigue acompañando casos de desaparición, el número no refleja la magnitud del problema. “Los casos no han aumentado no porque no existan nuevos, sino porque la gente no denuncia por miedo”, explica.

El defensor señala que la región Centro recibe reportes de personas desaparecidas y ejecutadas, además de nuevos desplazamientos forzados. Muchos de los casos que acompañan datan de más de una década, mientras otros se suman de forma reciente.

Entre más rápido se reactive un operativo de búsqueda, hay posibilidades de encontrarlos con vida. Pero la mayoría llega ya tarde, cuando las familias pierden el miedo después de días o semanas.Saúl Vadillo Chalqueño, abogado y defensor de los derechos humanos

La situación se refleja en hechos recientes como la desaparición de tres hermanas de 8, 10 y 11 años, reportadas apenas este 19 de noviembre, a pesar de que fueron vistas por última vez el 31 de octubre. La denuncia se retrasó 19 días, tiempo que, según organizaciones, puede significar la diferencia entre hallarlas o perder completamente su rastro.

Vadillo explica que esa dinámica se repite en casos de desplazamiento forzado. Aunque existe una ley estatal, muchas familias campesinas que han tenido que huir, no encuentran condiciones para regresar ni garantías de no repetición. “Las personas que vivían del campo deben abandonar su proyecto de vida. Recuperarlo lleva años, y a veces ni siquiera es posible”, lamenta.

El abogado considera que estrategias como la toma de muestras genéticas en templos, aplicada en Iguala, Acapulco y Chilpancingo, podrían ayudar a romper la barrera del miedo en Chilapa. Estos espacios, dijo, generan más confianza que un ministerio público: “La gente llega a oficinas oscuras, pequeñas, cerradas, eso intimida. En cambio, un espacio religioso es más abierto, más cercano, la gente lo siente suyo”.

Pese a ello, la desconfianza institucional continúa siendo un obstáculo central. “No es solo quién esté coordinando, sino todo el contexto. Las familias no sienten garantías de seguridad cuando denuncian”, afirma.

Actualmente, el Centro Regional acompaña alrededor de 30 casos de desaparición, además de expedientes de desplazamiento y conflictos agrarios y familiares.