Colectivos rechazan nueva Comisión del Calendario Cívico
De acuerdo con el Movimiento, la Comisión instalada “no puede ser presidida por quien tomó decisiones que agravian a las familias afectadas”
De acuerdo con el Movimiento, la Comisión instalada “no puede ser presidida por quien tomó decisiones que agravian a las familias afectadas”

José De Jesús Dorantes González
Integrantes del Movimiento contra el homenaje a Rubén Figueroa cuestionaron este miércoles la instalación de la nueva Comisión del Calendario Cívico del Estado y pidieron la salida de la secretaria de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, al considerar que no existe “condiciones de legitimidad” para que encabece la revisión.
El pronunciamiento se difundió un día después de las protestas que surgieron por el homenaje oficial al exgobernador, acto que colectivos y organizaciones calificaron como una afrenta para las víctimas de la violencia de Estado durante la Guerra Sucia. En ese contexto, señalaron que la conformación del nuevo órgano colegiado no generó confianza entre los grupos inconformes.
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De acuerdo con el Movimiento, la Comisión instalada “no puede ser presidida por quien tomó decisiones que agravian a las familias afectadas”, al recordar que Martínez Rebolledo avaló la ceremonia que provocó el reclamo público de sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos.
En su documento, los colectivos insistieron en su demanda de que la titular de Cultura deje el cargo y se defina un proceso más amplio y cuidadoso para revisar el Calendario Cívico del Estado, con el fin de evitar actos que perpetúen narrativas oficiales sin consultar a quienes han documentado estas etapas de la historia.
También solicitaron que se emita una nueva convocatoria con un plazo mínimo de dos meses, con el objetivo de permitir la participación de especialistas, académicos, colectivos de víctimas y personas dedicadas al estudio de la memoria histórica.
Los grupos señalaron que cualquier ajuste al Calendario Cívico debe partir de un enfoque de derechos humanos y de la inclusión de perfiles con experiencia en violaciones graves, a fin de garantizar discusiones equilibradas y respetuosas con la trayectoria de las comunidades afectadas.
En su posicionamiento, reiteraron que la revisión del calendario debe ser un espacio de diálogo y reconstrucción y no una respuesta apresurada por la presión de las manifestaciones.