Las iniciativas armonizan la legislación estatal con la ley general y fortalecen la prevención, investigación y sanción de este delito de alto impacto.
José De Jesús Dorantes González
Durante la semana que finaliza el Congreso del Estado de Guerrero aprobó por unanimidad un paquete de cuatro iniciativas en materia de extorsión, enviadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, con el objetivo de fortalecer el marco legal y cerrar el paso a este delito considerado como de alto impacto.
Las reformas fueron avaladas por las Comisiones de Seguridad Pública, Justicia y de Estudios Constitucionales y Jurídicos, además contemplan cambios a la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, al Código Penal del Estado, a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de Ejecución Penal, todas del ámbito estatal.
Lea también: Comparece titular de Salud de Guerrero ante Congreso
Durante la fundamentación del dictamen, que fue presentado por la diputada María del Pilar Vadillo Ruiz explicó que las modificaciones a la Ley del Sistema de Seguridad Pública buscan “armonizar la legislación local con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, fortaleciendo el Estado de Derecho y la estrategia nacional contra este ilícito”.
Detalló que se incorpora de manera formal la Política Estatal para la Prevención y Combate a la Extorsión, se regulan los mecanismos de coordinación y mesas de paz, se refuerza la inteligencia policial y la operación de los Centros de Comando y Control, además de garantizar la interoperabilidad tecnológica con los sistemas nacionales y la creación de Unidades Especializadas en esta materia.
En lo referente al Código Penal, el diputado Carlos Eduardo Bello Solano señaló que la derogación de los artículos 243 y 244 responde al nuevo diseño institucional del delito de extorsión, además de incluir un artículo transitorio para respetar el principio de irretroactividad de la ley y dar certeza jurídica a los procesos en curso.
Por su parte, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez explicó que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública establecen que la Secretaría de Seguridad Pública estatal será responsable del diseño, coordinación y evaluación de la policía para la prevención y combate a la extorsión, en coordinación con instancias federales.
Mientras que el diputado Joaquín Badillo Escamilla destacó que los cambios a la Ley de Ejecución Penal buscan reforzar el control tecnológico en los centros penitenciarios, inhibiendo el uso de telefonía y radiocomunicaciones para evitar que se cometan delitos desde su interior.
