Paristas de Hueycantenango piden al Congreso destituir a su alcaldesa

La acusan de no tener un proyecto de seguridad, no convocar a sesiones de Cabildo y desaparecer el dinero de las obras

Abel Miranda

Trabajadores del Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) que desde el 10 de abril mantienen tomado el palacio municipal de ese lugar, presentaron formalmente ante el Congreso del Estado la solicitud de revocación de mandato de su alcaldesa, Micaela Manzano Martínez, a quien señalan de no cumplir con las obligaciones constitucionales y con ello contribuir al deterioro e ingobernabilidad de esta demarcación territorial.

Al Congreso del Estado se presentaron la secretaria de Desarrollo Social, Emilia Primitivo Ortiz y la coordinadora de Reglamentos y Comercio, Himelda Bolaños Hernández, quienes entregaron en la oficialía de partes el documento para que sea turnado al pleno y se analice su procedencia.

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En la demanda establecen que la alcaldesa ha sido omisa en diversos rubros de la administración, entre ellos temas como presentar informes sobre los recursos económicos del Ayuntamiento, sesiones de cabildo no convocadas, acciones nulas de prevención del delito y falta de obra pública.

Acusaron que la alcaldesa no informó al cabildo el destino de 17 millones de pesos que quedaron en las cuentas del Ayuntamiento de la administración anterior, y tampoco les ha informado el ejercicio de recursos de las ministraciones de este 2025. También denunciaron que la administración ha aplicado descuentos a los trabajadores injustificables.

En el tema de las sesiones de cabildo a las que está obligada por ley a convocarlas al menos dos por mes de manera ordinaria y cada dos meses se tiene que desarrollar una sesión de cabildo abierto con un tema específico en el que se permite la participación directa de la población y hasta ahorita ha incumplido con este ordenamiento legal.

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También se reprocha que la presidenta Micaela Manzano no ha presentado un programa de prevención de delito y violencia doméstica, para disminuir la alta incidencia de violencia intrafamiliar, que no se trata de combatir el delito sino de prevenir que ocurra porque esa es la función del municipio, Y explican que por el contrario cuando se le ha preguntado sobre el tema, responde que ella no es la fiscal y su poco interés por el municipio la han llevado a decir que hará jaripeos para disminuir la violencia.

Otras de las acusaciones contra la alcaldesa es que se ha ausentado del municipio por más de 5 días sin notificar al Congreso la ausencia, violentando la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Los denunciantes no presentaron ninguna prueba de las acusaciones en contra de la alcaldesa señalando que no les corresponde acreditarlo, y sí es obligación de la presidenta municipal demostrar que sí ha implementado obra pública, ha ejercido los recursos de manera transparente y ha convocado a las sesiones de cabildo obligatorias.