Políticas públicas en México no favorecen labor de las madres buscadoras

Deben ser consideradas defensoras de Derechos Humanos, señaló la representante de Amnistía Internacional en México, Edith Olivares

Amnistea — En evento se realizó en el auditorio de la UAGro, aunque ni el rector, ni ningún funcionario de nivel asistió. / Abel Miranda / El Sol de Acapulco

Abel Miranda

El informe que presentó la organización Amnistía Internacional sobre la situación en que se encuentran las madres de personas desparecidas que en fosas buscan a sus hijos establece que las políticas públicas en México conllevan situaciones de alto riesgo, como ejemplo la implementación de la Crup biométrica y la militarización de la Guardia Nacional.

La representante de Amnistía Internacional en México, Edith Olivares estableció que las madres buscadores deben ser consideradas defensoras de los derechos Humanos, porque su labor además de buscar a sus desaparecidos pugna por el respeto a los derechos de no ser desaparecidos y las autoridades de todos los niveles tienen que garantizar su seguridad y el apoyo para realizar las búsquedas.

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Agregó que lamentablemente en México la labor de las madres buscadores ha generado mejores resultados que el que realizan las fiscalías porque han logrado localizar más restos que las autoridades.

Amnistía — El informe establece que en México hay más de 130 mil desaparecidos. / Abel Miranda / El Sol de Acapulco

“El trabajo de las madres buscadores está supliendo la obligación de la autoridad y lo hacen en una situación de alto riesgo y vulnerabilidad”.

En el caso del paso de la Guardia Nacional al control del ejército, la defensora de los derechos humanos señaló que está acción podría incrementar el número de desaparecidos en México.

De acuerdo con las cifras que consideró el informe, en México se tiene un registro de más de 130 mil desaparecidos, de estos 34 mil fueron en el 2024 y en lo que va del 2025 se han sumado 16 mil 533 lo que establece que en México desaparecen 90 personas cada día.

La representante de Amnistía indicó que está cifra sin lugar a dudas que demanda una atención especial al tema de desaparición de personas y la implementación de políticas públicas que garanticen el derecho de ser buscados.
Otro de los temas que criticó es la implementación de la CURP biométrica que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y será el documento oficial válido para todos los mexicanos.

Colectivos de familiares van a Morelos en búsqueda de sus desaparecidos

La aplicación de esta medida no garantiza ninguna acción para evitar las desapariciones ni para apoyar su búsqueda, lo que contempla es que el estado tendrá acceso a los datos personales de más de 120 millones de Mexicanos.
“Las mujeres que se encargan de buscar a sus seres queridos, entre las más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas en México, deben enfrentar además un creciente número de violencias y afectaciones, que han llegado al extremo de costarle la vida al menos a 16 de ellas”.

En el evento de presentación del informe estuvieron presentes el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien también realizó un diagnóstico sobre la situación de violencia que prevalece en el Estado de Guerrero y la constante vinculación de grupos del crimen organizado con instituciones de gobierno.

Otra de las participantes fue la madre buscadora Gema Antúnez quien lamentó el poco apoyo que hay de las autoridades para realizar las jornadas de búsqueda y además que en Guerrero no se haya podido materializar un centro de identificación forense para hacer el trabajo de reconocimiento de miles de cuerpos que se han localizado en fosas clandestinas.

Otra participación destacada fue la de Esteban Beltrán, representante de amnistía internacional de España quien se encontraba en este país para documentar la situación de las buscadoras y hacer una propuesta a organismos internacionales de intervención ante la complicada situación que viven las madres buscadoras.