Reconoce SEMAREN que supervisión ambiental de minas compete al ámbito federal
La dependencia estatal reitera su disposición a colaborar técnicamente en los impactos locales del cierre de la mina de Carrizalillo, operada por Equinox Gold
La dependencia estatal reitera su disposición a colaborar técnicamente en los impactos locales del cierre de la mina de Carrizalillo, operada por Equinox Gold

José De Jesús Dorantes González
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero (SEMAREN) aclaró que la supervisión, vigilancia y aplicación de medidas de seguridad ambiental en proyectos mineros corresponde exclusivamente al ámbito federal, a través de la SEMARNAT y la PROFEPA, conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La dependencia estatal mediante un comunicado precisó que, si bien no tiene facultades para intervenir en los procedimientos administrativos o sancionatorios que lleva a cabo la federación, mantiene disposición para colaborar de manera técnica y de acompañamiento, especialmente en los casos donde existan impactos locales o sociales derivados de las operaciones mineras.
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El pronunciamiento ocurre luego de que, el pasado 9 de octubre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) colocó sellos de clausura en distintas áreas de la mina de Carrizalillo, ubicada en el municipio de Eduardo Neri y operada por la empresa Equinox Gold, cuyas actividades permanecen suspendidas desde abril.
Los sellos con número de expediente PFPA/32/351/00091-25-05, fueron colocados en zonas clave del área industrial y de procesamiento de mineral, como parte de un procedimiento federal de inspección.
Ejidatarios del poblado de Carrizalillo exigieron el cierre definitivo de la mina y la reparación ambiental del territorio explotado durante más de tres décadas, asimismo enunciaron que la empresa enfrenta procesos por presuntos incumplimientos en materia ambiental y que la clausura estaría relacionada con la falta de un plan formal de cierre.
El contrato de arrendamiento entre los ejidatarios y la compañía canadiense concluyó el 30 de marzo de este año. Desde entonces, los comuneros mantienen un campamento de vigilancia en los accesos principales para impedir que Equinox Gold reanude operaciones sin un nuevo acuerdo y sin cumplir con las condiciones ambientales y sociales pendientes.
Los pobladores insisten en que el cierre total debe incluir acciones de restauración del suelo, limpieza de residuos químicos y medidas que garanticen que las tierras sean devueltas en condiciones seguras y productivas.