Gabino Solano Ramírez expuso que la delincuencia organizada deja a la población en constante vulnerabilidad
Pedro Andalón
En 2025, Guerrero y su principal ciudad, Acapulco, enfrentan desafíos persistentes en materia de inseguridad y violencia, a pesar de algunos avances en la reducción de ciertos delitos.
La violencia que vive Guerrero no puede resolverse únicamente con más presencia policial, advirtió el investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Gabino Solano Ramírez, al señalar que los problemas de inseguridad en el estado tienen raíces estructurales profundas.
“Podrá haber más patrullas o retenes, pero mientras las condiciones que detonan la violencia no cambien, nada va a mejorar de fondo”, afirmó. Según el académico, estas condiciones están relacionadas con la desigualdad social, el rezago económico y la fragilidad de las instituciones estatales y municipales.
Solano Ramírez explicó que los delitos de alto impacto —como homicidios con violencia extrema— no son hechos aislados, sino parte de un contexto donde el crimen organizado actúa como una pedagogía del miedo, dejando a la población en una constante sensación de vulnerabilidad.
Además, señaló que fenómenos recientes como el huracán Otis no sólo profundizaron la crisis humanitaria en Acapulco, sino que también evidenciaron la incapacidad del Estado para responder eficazmente ante emergencias. “Si no fuera por los programas de apoyo federal, estaríamos hablando de una catástrofe aún mayor”, indicó.
En este contexto, el huracán Otis se convirtió en un punto de quiebre. Según el investigador, “Otis agravó la situación de inseguridad y vulnerabilidad”, al desestabilizar aún más a una sociedad ya frágil por décadas de rezago. “No estábamos preparados para una catástrofe de ese tamaño. Las instituciones quedaron rebasadas”, afirmó.
Sin embargo, reconoció que la ayuda federal ha evitado una crisis mayor, gracias a los programas de apoyo y reconstrucción impulsados desde el gobierno federal. Aun así, advirtió que “la reconstrucción es compleja” y que los efectos reales del huracán —en lo social, económico y en la seguridad— apenas comienzan a manifestarse.
Finalmente, hizo un llamado a abordar los problemas desde una perspectiva integral. “No se trata sólo de vigilar más, sino de transformar el entorno que produce y sostiene la violencia. Seguridad, economía, clima y política están entrelazados; nada se soluciona por separado”, concluyó.
Según datos oficiales, Guerrero ha experimentado una disminución del 54% en homicidios dolosos desde octubre de 2024, ubicándose en el noveno lugar a nivel nacional en incidencia de este delito. En Acapulco, los homicidios se redujeron un 58.34% en el mismo periodo, gracias a estrategias de seguridad coordinadas y la detención de objetivos prioritarios.
Sin embargo, la violencia sigue afectando la vida cotidiana de los ciudadanos. En abril de 2025, al menos cinco escuelas en Acapulco suspendieron clases presenciales debido a hechos violentos recientes, incluyendo asesinatos y ataques a negocios, lo que generó temor entre padres y docentes.
Además, transportistas de Acapulco realizaron protestas en abril, bloqueando carreteras para exigir mayor seguridad ante amenazas y extorsiones del crimen organizado. Colocaron ataúdes simbólicos en las vías para denunciar los asesinatos de colegas y demandaron acciones concretas por parte del gobierno.
