El seis de abril de 1993 inició la documentación y registro, por parte de la sociedad civil, de alrededor de 430 feminicidios y 600 mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las autoridades hicieron oídos sordos y aunque se trataba cientos de casos, afirmaban que eran hechos aislados. Incluso en el año 2000, se atrevieron a sugerir que las propias víctimas eran responsables de los hechos.
En 2001, ocho cuerpos de mujeres asesinadas, con clara evidencia de tortura sexual, serían encontrados en un campo algodonero, lo que atraería la mirada de la comunidad internacional y, en 2002, se llevaría a cabo la visita de la Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se documentaron 262 feminicidios y 40 desapariciones. En 2003 Amnistía Internacional reportó 370 mujeres asesinadas y 70 desaparecidas y para 2004, un equipo argentino de antropología forense, inició los trabajos de identificación de los cuerpos hallados en el campo algodonero.
Entre 2005 y 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió a estudio cinco casos para examinar las violaciones a derechos humanos, lo que derivó en que el tema fuera llevado ante la Corte Interamericana, la que emitió, en 2009, una sentencia en contra del Estado mexicano, cuyas omisiones e indolencia había derivado en la violación de los derechos humanos de las víctimas.
Si bien las mujeres habían perdido la vida a manos del crimen organizado, el Estado mexicano había dejado de actuar para que accedieran a su derecho a una vida libre de violencia, a la seguridad y a la justicia. El estado se había negado a usar su fuerza para evitar que la delincuencia arrebatara la paz y la tranquilidad de las mujeres y niñas de Ciudad Juárez.
Los asesinatos se habían perpetrado con extrema crueldad, sin que el gobierno hiciera nada por prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia extrema que se estaba viviendo el estado fronterizo. Las autoridades habían recibido cerca de 500 llamadas mensuales de auxilio y se habían limitado a ser testigos silenciosos de la violencia que se apoderaba de Ciudad Juárez. La resolución de la CIDH derivó en diversas reformas legales y estructurales con el propósito de hacer frente a la violencia desde una perspectiva preventiva pero también punitiva, e incluso el perdón a las víctimas por parte del Estado mexicano.
Si, el gobierno mexicano había resultado culpable por omisión, su silencio lo había convertido en cómplice de la delincuencia organizada. Lo mismo pasa con el “Caso Teuchitlán”, ante los ojos del gobierno de Morena, estados como Jalisco o Sinaloa se han convertido en bastiones del crimen organizado ante la indiferencia de una política de seguridad que rechaza los balazos y privilegia los abrazos.
Así como en Ciudad Juárez, ocurrió en Teuchitlán, las autoridades dejaron de escuchar decenas de llamadas anónimas que decían que había cuerpos enterrados en este poblado de la región Valles de Jalisco y fue la sociedad civil, en este caso los “Guerreros Buscadores”, quienes sacaron a la luz pública un centro de “adiestramiento y exterminio” en el que fueron encontrados restos humanos correspondientes a más de 200 personas. Recordemos que tan solo en Jalisco, hay cuando menos 18 mil personas no localizadas en los últimos seis años.
El gobierno federal de Morena no solo es responsable de la indiferencia con que se ha tratado la crisis de seguridad del país, sino que también es cómplice en el “Caso Teuchitán” y en cada rincón de México donde la delincuencia organizada se apodera de un territorio para robar la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos. Hay una máxima que dice que “todo vacío se llena” y ante la usencia de la ley y la justicia en los gobiernos de morena, ese espacio lo ocupa el crimen, la violencia y la muerte.
