El hallazgo de los hornos crematorios no sólo es un resultado de una investigación criminal, sino es un claro cuestionamiento a lo que es nuestro país en su conjunto. Sí con autoridades pero también con corresponsabilidad social que evite caer en estos extremos.
Nuestro país se ha acostumbrado a vivir en la pesadilla de la violencia sin necesidad de enfocar un responsable específico o un destinatario de los reclamos porque, parece, todos tenemos una parte de culpabilidad en este entorno oscuro y dantesco que hemos vivido últimamente. El hallazgo de una finca que fungía como crematorio y campo de exterminio de decenas de personas en Jalisco, es un claro recordatorio de la escalada de brutalidad que vive nuestro querido México y que, a pesar de encontrar este tipo de escenarios, seguimos rezagados en una lucha contra la violencia que ya abandona el discurso de la responsabilidad oficial para hacernos preguntas respecto a qué tanto ha aportado la sociedad a esta barbarie.
A 60 kilómetros de la capital del Estado de Jalisco se encontró una propiedad denominada “Finca Izaguirre” en la que había una serie de hornos crematorios que se presume era para incinerar personas, además de cientos de pertenencias personales, ya sea en ropa o en documentos pertenecientes a quien se presume eran víctimas del crimen organizado, ya sea porque les arrebataron la vida o los reclutaron para unirse a las filas de la delincuencia organizada. Entre las interrogantes está el saber si el descubrimiento fue producto del trabajo de autoridad presionado por los EUA o es resultado del arduo, incansable y peligroso labor de las mujeres buscadoras.
Desde luego, este es un tema de investigación ministerial, procuración y administración de justicia en el entendido que se encontraron restos humanos y ropa que pertenece o podría pertenecer a algunas de los miles de personas desaparecidas en nuestro país y que han dado origen a grupos civiles de buscadoras y buscadores por todo el país. Hay delitos y esos se tienen que investigar hasta sus últimas consecuencias.
Pero otro lado de la cara de la moneda es la profunda reflexión que debemos hacer todas y todos porque niveles de violencia como esos no se pueden gestar por criminales aislados de la sociedad que pudieran tener trastornos que los convierten en sociópatas. Ello porque los crímenes no son pocos y la magnitud de los mismos no es mínima. Estamos frente a uno de los hallazgos más macabros de la historia de nuestro país aún contraponiéndola con movimientos armados que hemos sufrido en el pasado.
Necesitamos a nivel gubernamental policías mejor preparadas, remuneradas e impulsadas por medio de beneficios que aporten una circunstancia más favorable para sus familias, pero que también actúen y hagan su trabajo. Requerimos un trabajo de inteligencia preciso que dé a los criminales donde duele, es decir, en los recursos financieros. Urge que trabajemos en el combate a la corrupción de las policías y las fiscalías porque sigue creciente. Debemos colaborar todos en programas de prevención que cambie el panorama de nuevas generaciones.
Es ahí donde tenemos que mirar, a eso último, a las oportunidades para la juventud y a la obligación de demostrarles que no existe opción cuando se prefiere el camino delincuencial y no el crecimiento personal. Debemos invertir en cultura, en deporte y en educación no sólo para generar una ocupación, sino para administrar el conocimiento real en manos de una sociedad que se ha separado y que ha provocado una lesión fuerte en el tejido social.
