Desde que la 4 T llegó al poder en 2018 encabezada por AMLO, la misión era clara, destruir todo lo que se construyó con el esfuerzo de muchas y muchos mexicanos. 

Bajo el falso argumento de que todo funcionaba bajo el cobijo de la corrupción sin exhibir prueba alguna, la mayoría de las instituciones que le dieron reconocimiento internacional a nuestro país, fueron desapareciendo. 

Pero la desaparición de los fideicomisos, los organismos autónomos y su presupuesto, así como la inmensa deuda adquirida tenían desde entonces un objetivo: fondear los diversos apoyos sociales que implantó, con fines electorales. 

¿Qué hacer entonces ante la falta de recursos? Disponer, mediante una reforma legislativa, de 2.4 billones de pesos producto del ahorro de los trabajadores para hacerse de una vivienda.

A partir de su entrada en vigor, la reforma a la Ley del Infonavit implica riesgos para los trabajadores:

¿A donde irán a para los recursos de las y los trabajadores? Seguramente a financiar actividades, y porque no, a los familiares, amigos y funcionarios del bienestar.