Exigen justicia ambiental y que la empresa rinda cuentas antes de realizar nuevos proyectos en la región
Rosalía Maldonado
Ambientalistas de la región de Tula y organizaciones defensoras del territorio, respondieron con fuertes críticas al anuncio del gobierno federal sobre la reconversión de la refinería Miguel Hidalgo hacia actividades petroquímicas y de cogeneración eléctrica. Consideran que este nuevo “modelo de Pemex” representa una continuidad del deterioro ambiental en la zona.
Marco Antonio Moreno Gaytán, presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense, descalificó el anuncio al recordar que la supuesta reconversión no es nueva, sino un proyecto estancado desde hace al menos dos décadas. “La coquizadora que hoy presentan como novedad fue anunciada en el sexenio de Enrique Peña Nieto con gran fanfarria. Nada de esto es nuevo, y lo que ha habido es una simulación constante”, afirmó.
El ambientalista señaló que Pemex arrastra “deudas histórico-ambientales”, no sólo en Tula, sino en prácticamente todas las regiones donde opera. “Pemex no ha hecho investigación, no ha desarrollado tecnología propia, no ha innovado. Lo que ha hecho es contaminar. Y ahora pretende pasar la hoja como si nada hubiera ocurrido”, acusó. Añadió que, más allá de culpar a gobiernos anteriores, la empresa debe reconocer su responsabilidad directa y reparar los daños ambientales y sociales acumulados.
René Romero Rivera, del Colectivo de Comunidades en Defensa de la Vida y el Territorio de la Región Tolteca, cuestionó la viabilidad ambiental de los nuevos procesos anunciados por Pemex. Señaló que, aunque se utilice tecnología más eficiente, estas industrias generan inevitablemente emisiones y descargas, así como riesgos de accidentes.
Romero, expresó su preocupación por la escala de los procesos y sus impactos en el ambiente y la salud, enfatizando que incluso con tecnología nueva, siempre habrá emisiones y descargas. También criticó la operación negligente y la corrupción en el mantenimiento y la renovación tecnológica en la zona, que ya ha sido catalogada como una “región de sacrificio”.
Además, advirtió sobre la creciente participación del sector privado en la industria energética y argumentó: “Se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Entre ellas, los pasivos ambientales con los que nos quedamos las comunidades”. Romero exigió que Pemex rinda cuentas y priorice la remediación del daño ambiental antes de expandir su operación con nuevos megaproyectos.
Ambos activistas coincidieron en que la transición energética y la modernización de Pemex no pueden construirse sobre la impunidad ambiental. “No basta con discursos. Pemex debe rendir cuentas, ofrecer disculpas públicas a las familias afectadas por años de emisiones tóxicas, y priorizar la remediación del daño ambiental antes de expandir su operación con nuevos megaproyectos”, exigieron.
