Acusan imposición de cuotas y represalias como el corte de agua y la prohibición de entierros en el panteón comunitario
Blanca Soriano
Un grupo de evangélicos de la iglesia Príncipe de Paz, ubicada en la localidad de Cantinela, Ixmiquilpan, denunciaron supuestas violaciones a sus derechos ciudadanos y a la libertad religiosa, al señalar que autoridades locales los obligarían a pagar cuotas y desempeñar cargos de mayordomía para la veneración del Señor de Jalpan, pese a no pertenecer a la comunidad católica.
Desde las instalaciones de El Sol de Hidalgo, Gabriel Chavarría Salvador, pastor de la comunidad eclesiástica, acompañado de algunos integrantes, señaló que tras no cumplir con las imposiciones han enfrentado diversas represalias por parte del delegado municipal, quien aparentemente les cortaría el suministro del agua potable en sus viviendas, prohibiría sepultar a sus muertos en el panteón de la localidad e incluso habría despojado a algunos de sus terrenos.
Luis Alberto Martín, uno de los afectados, contó que, aparentemente la delegación les pide una cuota de 500 pesos al año por domicilio para la feria patronal y que, si les toca la mayordomía, deben realizar diversas actividades a lo largo del año como rosarios, misas y algunas ventas en la iglesia para recaudar fondos y organizar la fiesta.
Explicó que las autoridades tienen una lista por apellidos para asumir por turnos la mayordomía y cumplir año con año con los usos y costumbres arraigados en la comunidad: “Cuando no lo quieres hacer, te hacen una multa de 135 mil pesos, independientemente de eso, si no quieres ir a un rosario te cobran 300 pesos y si no quieres ir a recoger a una virgen son 500 pesos”, detalló.
La comunidad evangélica, que asciende a 200 personas, aseguró que esta situación se ha arrastrado desde hace varios años sin que exista una solución de fondo. Contaron que este martes 17 de febrero acudieron una vez más a Palacio de Gobierno en Pachuca con la intención de resolver su situación; sin embargo, dijeron que solo les agendan citas que nunca se concretan.
“Hemos venido varias veces a gobierno, nos mandan a gente de Asuntos Religiosos o nos dicen que el secretario está ocupado, nos preguntan si queremos esperar o si mejor nos dan cita para después. Siempre accedemos a la cita”, expresó uno de los inconformes, quien detalló que en esta ocasión tienen una cita programada para el próximo lunes 23 de febrero a las 13:00 horas.
Finalmente, los afectados recordaron a las autoridades estatales que siempre han cumplido con sus obligaciones como ciudadanos. Por ello, advirtieron que, en caso de no ser escuchados, se manifestarán junto con toda su comunidad eclesiástica con el objetivo de visibilizar la problemática y obtener una respuesta.
