Representantes del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo no llegan a un acuerdo ya que se argumenta que violenta los derechos humanos de los morosos
Sonia Nochebuena
En estados como Oaxaca, Ciudad de México y Puebla, son públicos porque cuentan con un buscador que permite localizar a personas inscritas en el registro con solo ingresar el nombre.
Aunque en Hidalgo se han establecido mesas de trabajo entre representantes del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, el Registro Público de Deudores Alimentarios no ha avanzado debido a que se argumenta una posible violación a los derechos humanos de los deudores.
Las integrantes de la organización Ley Sabina en la entidad, Citlalli Macías y Abigail Díaz, explicaron que a nivel federal ya se han aprobado reformas para establecer un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, en Hidalgo la información existe, pero no es pública, lo que impide exigir responsabilidades, expresaron luego de que la diputada Karla Perales exhortó un acuerdo para legislar en favor de las pensiones alimenticias.
Se logró armonizar la legislación para que el Poder Judicial suministre información al registro nacional, lo cual es un gran paso para garantizar justicia a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el hecho de que el acceso esté limitado únicamente a las personas interesadas crea un gran candado
Agregaron que no sirve de nada tener la “Ley 3 de 3”, que busca impedir que deudores alimentarios o agresores accedan a cargos públicos, porque como sociedad no se tiene forma de saber quiénes son deudores.
Consideraron que en Hidalgo hay intereses que frenan la publicación de los registros, tanto de deudores alimentarios como de agresores, bajo el argumento de protección de derechos humanos. Reconocieron que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estableció que sí se violentan los derechos humanos del deudor, esto también es equiparable al violentar los derechos de niñas, niños y adolescentes, sobre todo el alimenticio.
La organización Ley Sabina en Hidalgo tiene documentados al menos 300 casos de deudores alimentarios. Por ello, piden que la inscripción al registro sea de manera oficiosa, es decir, automática por parte del Poder Judicial, sin que se requiera una solicitud expresa, además, alertaron que hay abogados que cobran hasta 10 mil pesos por la inscripción cuando esta es gratuita.
