Y aunque las empresas demandadas Pemex y Mapfre interpusieron un recurso de apelación, este fue resuelto en noviembre de 2025 por un Tribunal Colegiado de Apelación, confirmando la procedencia del juicio”, dijo.
“La reparación integral del daño no es solo pagar una indemnización. Incluye daño moral, pérdida de ingresos y afectaciones a toda la familia. Si murió un padre de familia, ese ingreso desapareció y eso también debe repararse”, explicó.
Memorial inconcluso y terreno en abandono
En los años posteriores, el sitio ha quedado en abandono. Aunque familiares colocaron cruces, capillas improvisadas, fotografías y ofrendas, muchas de ellas deterioradas por el paso del tiempo, sin respaldo institucional.
Otros compromisos pendientes
Instituto de las Mujeres: sin registro de víctimas del siniestro
Añadió que, tras modificaciones en los apoyos estatales, la instancia ya no cuenta con abogadas asignadas y los casos jurídicos son canalizados a otras dependencias.
A través de la calendarización de la primera letra del apellido paterno será el deposito que habrá de concluir el 24 de abril para estudiantes de nivel medio superior
La zona cero de la explosión de Tlahuelilpan en 2019 / Rosalía Maldonado / El Sol de Hidalgo
A siete años de la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó 137 personas fallecidas y decenas de lesionados, la extracción clandestina de combustible persiste en el municipio, mientras que las víctimas directas e indirectas continuarían a la espera de una indemnización de la aseguradora contratada por Pemex en caso de siniestros.
De acuerdo con registros de Pemex sistematizados por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), en Tlahuelilpan se detectaron al menos 26 tomas clandestinas entre enero y marzo de 2025. En un corte más amplio, de enero a septiembre de 2025 la cifra ascendió a 80 tomas clandestinas en el mismo municipio, lo que implica un promedio cercano a nueve perforaciones ilegales por mes en uno de los puntos históricamente más afectados por el robo de hidrocarburo en Hidalgo.
Las cifras definitivas del cierre de 2025 aún no han sido publicadas por las autoridades federales, por lo que los datos disponibles corresponden a reportes parciales. No obstante, los números confirman que, pese a la tragedia de 2019, la actividad ilícita no se erradicó en la zona.
En el plano judicial, la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) A.C., que representa a víctimas directas e indirectas, informó que la acción colectiva sigue activa y en etapa probatoria, luego de que los tribunales federales desecharon los intentos de Pemex por frenar el procedimiento.
El abogado Jesús Alberto Guerrero Rojas, representante legal de la organización, explicó en entrevista con El Sol de Hidalgoque los retrasos en la resolución del caso se deben a factores estructurales ajenos a la representación legal, entre ellos la sobrecarga de trabajo en juzgados, los efectos de la pandemia por COVID-19 y el paro de labores registrado en 2024 con motivo de la llamada Reforma Judicial, lo que generó un rezago de varios meses.
El abogado detalló que Pemex promovió una excepción de improcedencia de la vía, misma que fue analizada en una audiencia incidental celebrada en junio de 2024. “Y la sentencia correspondiente, emitida en marzo de 2025, declaró infundados los argumentos de las demandadas, permitiendo que la acción colectiva continuara.
El representante de la ONRE cuestionó también la narrativa que pretende atribuir los hechos a un supuesto robo de combustible: “Lo que ocurrió no fue un robo de combustible, fue una fuga descontrolada. Nadie pudo haber robado gasolina en esas condiciones; ese combustible se iba a derramar de todas maneras”, sostuvo. Y añadió que no existe sentencia alguna que acredite que el siniestro de enero de 2019 haya derivado de un delito de esa naturaleza.
Asimismo el abogado refirió que como parte del proceso, el 27 de junio de 2025 la ONRE ofreció como prueba superveniente el Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el incendio ocurrido el 18 de enero de 2019, documento que fue ratificado y admitido para su valoración, al tratarse de un informe que no existía cuando se presentó la demanda original.
Actualmente, el juicio se encuentra a la espera de que el Juez de Distrito dicte el auto de pruebas, con el que se determinarán qué elementos serán admitidos para su desahogo, una vez concluido el periodo vacacional del Poder Judicial el 15 de enero de 2026.
Guerrero Rojas precisó que la ONRE representa actualmente a alrededor de 304 personas, entre familiares de personas fallecidas y personas lesionadas, derivadas de 136 a 137 víctimas mortales, al considerar el impacto económico, emocional y social en los núcleos familiares, pero más víctimas podrían sumarse.
Finalmente, Jesús Guerrero reconoció que el proceso ha sido largo, pero aseguró que el juicio sigue avanzando: “Siempre vamos para adelante, aunque sea en tormenta eléctrica. Todo lo que ha pasado ha dilatado el juicio, pero hoy el caso sigue vivo y avanzando”, afirmó.
Cabe destacar que la llamada “zona cero” permanece sin un memorial. El proyecto fue impulsado originalmente por colectivos de familiares de las víctimas, acompañados por organizaciones civiles y con el respaldo de autoridades federales durante el primer año posterior a la tragedia.
En enero de 2020, la entonces subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, encabezó el acto simbólico de colocación de la primera piedra en el predio agrícola donde ocurrió la explosión.
El memorial fue concebido como un espacio de recuerdo, duelo y reconocimiento a las víctimas, los familiares incluso avanzaron con recursos propios en trabajos preliminares, como cimientos y estructuras básicas, luego de contar con un proyecto arquitectónico consensuado. Sin embargo, entre 2021 y 2022, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió dictámenes técnicos de riesgo en los que se estableció que no era viable construir un memorial en ese terreno, debido a que la zona se encuentra atravesada por ductos activos de hidrocarburos, lo que representa un riesgo permanente de explosión o incendio.
Este dictamen, emitido después de la colocación de la primera piedra, se convirtió en el principal argumento institucional para detener la obra y frenar cualquier edificación formal en el sitio. A la par del dictamen de Protección Civil, el proceso para que Pemex entregara el terreno en comodato o lo municipalizara nunca se concretó. Autoridades municipales de Tlaxcoapan, municipio que administra gran parte del predio, han señalado que Pemex no habría formalizado la cesión, justamente por los riesgos asociados a los ductos. Como resultado, el terreno permanece sin uso oficial, sin vigilancia permanente y sin un proyecto autorizado.
Ante la imposibilidad técnica de construir en la “zona cero”, autoridades estatales y municipales plantearon reubicar el memorial en otro predio, fuera de la traza de los ductos. No obstante, una parte de los familiares rechazó la propuesta, al considerar que el memorial debía levantarse en el sitio exacto de la tragedia, como símbolo de exigencia de justicia. Este desacuerdo dejó el proyecto en un punto muerto, sin que se alcanzara un consenso final.
El supuestoincumplimiento de los compromisos sociales anunciados tras la tragedia han calado en el ánimo, al grado que los familiares de las víctimas se niegan a hablar del tema, “nos dejaron solos, las familia quedaron desprotegidas y cada año los del gobierno solo vienen a hacer promesas y tomarse fotos. Cada quien tuvo que salir adelante como pudo. Ya no creemos, ya no pedimos”, dijo Josué Díaz León vecino de la colonia El Depósito. Autoridades federales y estatales habrían prometido obras y acciones para fortalecer la cohesión social en las comunidades más afectadas; sin embargo, en la colonia El Depósito, en Tlahuelilpan, donde se concentró el mayor número de víctimas locales, dichas intervenciones nunca se materializaron. Los recursos y programas fueron canalizados a polígonos considerados prioritarios, pero ubicados lejos del epicentro del daño, lo que generó inconformidad entre los habitantes y deudos.
Hasta ahora, de los compromisos cumplidos por las autoridades tras la tragedia fue la edificación de dos panteones para sepultar a las víctimas. No obstante, uno de ellos, el ubicado en la comunidad de Teltipán, en el municipio de Tlaxcoapan, fue construido donde había un antiguo basurero, una decisión que también generó inconformidad.
En el ámbito municipal, la directora del Instituto de las Mujeres de Tlahuelilpan, Jimena Hernández Hurtado, aclaró que las mujeres víctimas directas o familiares de personas fallecidas por la explosiónno han acudido a esa instancia como tales a solicitar atención, por lo que su dependencia no cuenta con un padrón específico ni un programa diseñado exclusivamente para atender a este grupo.
Indicó que el Instituto brinda atención general a mujeres en casos de violencia, apoyo psicológico y cursos de autoempleo, entre otros, pero reconoció que no hay un esquema focalizado para las afectadas por el siniestro de 2019, porque no se han acercado.
Por su parte, la secretaria ejecutiva del SIPINNA municipal, Mariana Navarrete Torres, señaló que el padrón de menores considerados víctimas indirectas de la explosión se encuentra en poder de instancias federales, pero al parecer la mayoría no eran originarios ni residentes de Tlahuelilpan.
Explicó que, a nivel local, el SIPINNA atiende únicamente a ocho menores víctimas indirectas, a quienes se les brinda acompañamiento psicológico y canalización institucional cuando se detecta la vulneración de algún derecho. Los apoyos económicos o becas, dijo, corresponden a programas federales, principalmente de la Secretaría de Bienestar y sabe que algunos de ellos reciben este tipo de apoyos.
