La disputa legal por la representación ejidal impide a autoridades federales formalizar convenios por tierras de uso común y medidas de mitigación
Rosalía Maldonado
Un conflicto no resuelto por la Procuraduría Agraria desde hace casi tres años en el núcleo ejidal de Melchor Ocampo, Tepeji del Río, originado por la elección de comisariado decidida por apenas cinco votos de diferencia, fue lo que frenó la construcción del tren México-Querétaro en los tramos III y IV ubicados en Hidalgo, desde el martes tres de febrero de 2026.
Lo anterior, según información proporcionada por integrantes de los grupos antagónicos, quienes relataron su versión de los hechos ocurridos el 23 de marzo de 2023, fecha en la que se realizó la elección de comisariado ejidal y dio inicio el conflicto legal tras la denuncia de supuesta falsificación de firmas presentada por el grupo perdedor.
El ejidatario Rubén Jonás Cortés Villa, uno de los firmantes de la demanda, explicó: “En el primer conteo público, la planilla que yo apoyaba obtuvo 118 votos, frente a 113 de la planilla contraria y un voto nulo; sin embargo, personas sin facultades legales intervinieron posteriormente en el conteo, con la complacencia de personal de la Procuraduría Agraria, lo que derivó en la modificación del resultado y la declaratoria de triunfo de la planilla inicialmente perdedora por un solo voto”.
Rubén Jonás detalló que, a partir de estos hechos, él y otros ejidatarios promovieron un juicio ante el Tribunal Agrario, en el que presentaron como evidencia actas de asamblea con aparentes alteraciones, incluyendo la duplicación y falsificación de firmas.
Indicó que el 30 de marzo de 2025, el Tribunal Agrario emitió una sentencia favorable a los quejosos, ordenando la entrega de sellos y documentación a un suplente del comisariado, y estableciendo que la Procuraduría Agraria debía convocar a nuevas elecciones, al determinar que los órganos de representación carecen de facultades legales.
Añadió que, aunque los integrantes del comisariado ejidal promovieron un amparo, este fue declarado improcedente por un juzgado federal y la resolución quedó firme, siendo publicada en enero de este año.
No obstante, denunció que la Procuraduría Agraria habría permitido que los actuales representantes continúen convocando asambleas y tomando decisiones, lo cual ha generado incertidumbre jurídica e impedido que las autoridades federales concreten acuerdos formales en torno al pago de tierras de uso común, así como los compromisos de mitigación y compensación por el impacto social, ambiental y productivo del tren México-Querétaro.
Por su parte, el comisariado ejidal encabezado por Benito Ugalde Monroy y el secretario Juan Martínez, en entrevistas y en los encuentros, reuniones y asambleas que han sostenido con funcionarios federales encargados del proyecto ferroviario, rechazaron los señalamientos y sostuvieron que la elección fue legal y está avalada por las autoridades agrarias.
Afirmaron que cuentan con nombramientos vigentes que los acreditan como representantes legales del ejido para la celebración de acuerdos y señalaron que no han sido notificados formalmente del último resolutivo legal relacionado con la sentencia del 30 de marzo de 2025.
Los integrantes del Comité del Comisariado insisten en que el núcleo ejidal no está acéfalo. Añadieron que aún restan aproximadamente dos meses para que concluya su periodo de representación y se realice la elección de un nuevo comité ejidal, por lo que, como corresponde, han encabezado la negociación sobre el pago de los terrenos comunes y las obras de mitigación con las autoridades de gobierno.
El comité planteó que los militares no pueden iniciar las obras en los tramos III y IV del tren México-Querétaro, mientras no se garantice el pago de precios justos, se indemnice por proyectos carreteros y ferroviarios anteriores, y se acuerde qué obras de mitigación se ejecutarán.
