Mientras que las mujeres viven, en promedio, cinco años más que los hombres, sus pensiones son significativamente más bajas, lo que las deja en una posición de mayor vulnerabilidad en la vejez.
La falta de reformas estructurales sigue siendo un problema, pero este tipo de iniciativas abre una esperanza.
En el México del siglo XXI, donde la narrativa del desarrollo económico ocupa el centro de la política pública, hay un grupo social que permanece en las sombras: los pensionados invisibles. Se trata de millones de adultos mayores que, a pesar de haber trabajado toda su vida, no tienen acceso a una pensión contributiva.
Esta exclusión, que no aparece en los informes oficiales, tiene rostro de mujer, de trabajador informal y de habitante rural. Estos mexicanos se ven condenados a una vejez sin recursos, dependientes de una caridad familiar o de pensiones no contributivas que, en el mejor de los casos, apenas cubren lo esencial.
En un país donde más de 55% de la población trabaja en la informalidad, millones de mexicanos que contribuyen a la economía de manera fundamental no cuentan con derechos previsionales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de los 60 millones de mexicanos en edad de trabajar, más de 33 millones están en la informalidad. Esto refleja un sistema económico que no solo es incapaz de reconocer su esfuerzo, sino que también los deja desprotegidos frente a la vejez.
Las mujeres, especialmente las que dedican su tiempo al trabajo de cuidados, constituyen una parte significativa de este grupo. En México, el trabajo de cuidado no remunerado representa el 25% del Producto Interno Bruto (PIB), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A pesar de ser indispensable para el funcionamiento del país, este trabajo no genera derechos a pensión. La exclusión de las mujeres, sumada a la creciente esperanza de vida femenina, agrava la brecha pensional entre géneros.
En las zonas rurales, la falta de acceso a pensiones es aún más crítica. En muchas comunidades, el trabajo agrícola se realiza sin contrato, sin afiliación a la seguridad social y sin la posibilidad de acumular semanas cotizadas. Este modelo económico localiza a los trabajadores del campo en un escenario de pobreza permanente. El 23% de la población rural vive en pobreza extrema, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Aunque existen programas como la pensión universal no contributiva, estos recursos son insuficientes para garantizar una vida digna a quienes han trabajado toda su vida en el campo.
Sin embargo, en mayo de 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio un paso importante al reformular su Modalidad 44 (junto con las modalidades 35 y 43), creando un nuevo esquema de Incorporación Voluntaria para Personas Trabajadoras Independientes. Esta reforma busca, por primera vez en décadas, integrar a millones de trabajadores que tradicionalmente han estado fuera del sistema. Ahora, cualquier persona que trabaje por cuenta propia puede afiliarse al IMSS, cotizar de manera voluntaria y tener acceso a servicios médicos, seguros por invalidez y vida, y eventualmente, una pensión contributiva.
El sistema de pensiones mexicano fue diseñado bajo el paradigma de la formalidad y la urbanización, dejando fuera a millones que trabajan desde la informalidad o el ámbito rural. La introducción de cuentas individuales, aunque con buenas intenciones, dejó sin alternativas a quienes no tienen un salario fijo ni una historia laboral continua. Hasta ahora, muchas reformas han sido solo parches, pero la reconfiguración de la Modalidad 44 es, al menos, un movimiento en la dirección correcta.
Facebook @gyairapuato
http://grupoaseguradorgya.com sobrepensiones@gmail.com
