Aborto en Guanajuato: Modificar el Código Penal no es suficiente si no hay medidas para dar el servicio
Fátima Arreola, vocera del colectivo Brujas de Irapuato, señaló que modificar el Código Penal no es suficiente si no se acompaña de medidas concretas que obliguen al sistema público de salud a brindar el servicio sin obstáculos
Fátima Arton / El Sol de Irapuato
Reprochó al Congreso del Estado de Guanajuato su negativa reiterada a despenalizar el aborto y garantizar plenamente los derechos reproductivos y la autonomía corporal de las mujeres, esto ha retrasado la información correcta sobre el tema de acceso a un aborto legal, seguro y gratuito.
“Estuvimos presentes en la votación de junio pasado donde se volvió a negar la despenalización y, como lo dijimos entonces, lo sostenemos ahora: la maternidad debe ser una decisión libre, segura y gratuita”, expresó.
Resaltó que para las colectivas feministas este es un aspecto que, al menos en el estado de Guanajuato, les ha traído muchas decepciones, pues hay muchos obstáculos para quienes necesitan acceder a una interrupción del embarazo.
“Lo que realmente esperamos es que el sistema público de salud esté obligado a brindar el servicio de manera segura, gratuita y sin obstáculos; que haya presupuesto, protocolos claros y personal capacitado y que no impongan los médicos sus creencias o percepciones a una situación personal que a ellos no les invade”, apuntó.
Indicó que, en el marco del 8M, las propuestas que han surgido de partidos políticos como Morena y Movimiento Ciudadano resultan insuficientes si no contemplan garantías reales de acceso, y todavía hay muchos vacíos en cuanto al cómo se podría garantizar este derecho.
“Si las iniciativas no aseguran financiamiento, regulación clara de la objeción de conciencia y cobertura efectiva en todo el Estado, entonces el avance se queda incompleto”, advirtió.
Sostuvo que mientras la despenalización no sea una realidad legal y operativa en Guanajuato, continuará siendo una de las principales demandas del movimiento feminista.
“Hasta que no se implemente y podamos tener certeza de que las mujeres que forman parte de comunidades del Estado tienen igual acceso al aborto, nosotras seguiremos exigiendo el acceso para todas. Cuando un derecho necesita de dinero, no es un derecho, es un privilegio más”, afirmó.
Respecto a las mujeres que han sido criminalizadas, reconoció que no existe una cifra clara y pública, pues algunas han sido procesadas por otros delitos relacionados; no obstante, explicó que jurídicamente sería posible su liberación si la conducta deja de ser delito.
“Cuando una conducta deja de ser delito, procede la revisión de sentencias y la extinción de la acción penal, abriendo la posibilidad de liberación y cancelación de antecedentes”, detalló, aunque recalcó que ello requiere voluntad política, presupuesto y capacitación real.
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Fátima Arreola también acusó que el Partido Acción Nacional en Guanajuato ha sostenido históricamente posturas en contra de la despenalización.
“El PAN en Guanajuato ha votado y sostenido posturas en contra de la despenalización desde siempre, ha sido reiterativo en la criminalización a las mujeres por abortar y limita derechos reproductivos”.

























