Anexos en Guanajuato llevarán al Senado inconformidades por reforma a la Ley de Salud Mental
En juego está no sólo la labor de los centros de rehabilitación, sino la posibilidad de una nueva vida para miles de personas
Fátima Arton / El Sol de Irapuato
Desde el inicio del evento, Nicolás Pérez Ponce advirtió que una persona hundida en su adicción difícilmente lo aceptaba, por lo que consideró que la reforma dejaba en desprotección a familias y entornos afectados por consumidores de sustancias.
Señaló que varias familias presentes acudieron para pedir que no se les retirara el derecho a la salud ni a la seguridad, al considerar que una persona bajo efectos del alcohol o las drogas representa un riesgo para sí misma y para quienes conviven con ella.
Nicolás Pérez Ponce sostuvo que los nuevos requisitos exigidos por la reforma, como contar con psiquiatra, psicólogo y médico de planta, elevarían costos y pondrían en riesgo la operación de centros que atendían a personas de escasos recursos.
“O les das de comer a tus otros hijos o pagas un tratamiento”, expresó, al señalar que muchas familias no podrían cubrir los gastos.
También afirmó que la reforma otorgaba al propio paciente, en pleno estado de alteración o deterioro cognitivo, la decisión de aceptar o rechazar tratamiento, lo que calificó como inviable.
“Si alguien es capaz de quitarle la vida a un familiar, ¿cómo va a decidir si quiere rehabilitarse?”, cuestionó.
Como mensaje para las y los senadores guanajuatenses que deberán discutir estos cambios, Nicolás Pérez pidió que escucharan no solo a especialistas, sino también a familias afectadas.
“No se trata solo de la persona enferma; se debe hablar con quienes conviven con ella”, aseguró.
Sostuvo que, pese al desánimo de algunos integrantes, los centros continuarán insistiendo hasta que los legisladores atendieran la gravedad del tema.
NOTAS RELACIONADAS
Más Noticias
LO+VISTO
COLUMNAS
LO+RECIENTE
