Masacre en anexo de Arandas: a cinco años del asesinato de 27 personas, aún no hay garantías para los centros de rehabilitación
La herida en la comunidad de Arandas siempre seguirá abierta, y aunque la vida tuvo que seguir, aún prevalece la tristeza y el miedo de que algo así vuelva a pasar, mientras tanto los encargados de los Centros de Rehabilitación en el estado siguen con temor de operar
“Se cumplen cinco años de que nuestros compañeros fueron masacrados, igual hubo otro ataque en Salamanca similar y no se hizo nada”.
“Desafortunadamente, cuando ellos firman sus acuerdos, aprueban sus iniciativas y llevan a cabo todas estas leyes, a las personas que en realidad padecen parecen el tema no los toman en cuenta, por eso viene la estigmatización”.
Adicciones son una de las causas de los delitos, deben ser atendidas
Agregó que se enfocan en tratar el problema que tiene el estado, pero también están previniendo a las generaciones que vienen, pues saben que de lo contrario nada de lo que lastima a la comunidad se acabará.
Operar centros de rehabilitación es riesgoso, pero siguen adelante
“Hasta el día de hoy, no encuentran a tres compañeros de Dolores, si se los llevaron, no sabemos quién se los llevó, hasta el día de ahora no sabemos nada de ellos”.
Destacó que al contactarse con autoridades estatales, se comprometieron a brindar atención y abrir el diálogo, lo que pasará en las próximas semanas.
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Este primero de julio se cumplen cinco años de la masacre del Centro de Rehabilitación en Arandas “Buscando el Camino a mi Recuperación”, donde 27 personas perdieron la vida tras haber sido atacadas a balazos. / Fotos: Jesús Gutiérrez / El Sol de Irapuato.
IRAPUATO, GTO.- Este primero de julio se cumplen cinco años de la masacre del Centro de Rehabilitación en Arandas “Buscando el Camino a mi Recuperación”, donde 27 personas perdieron la vida tras haber sido atacadas a balazos, aunque este hecho no ha sido el único desde 2020 que ha afectado al estado, los centros de rehabilitación siguen sin tener completas las garantías de seguridad.
La realidad para quienes operan los “anexos” es que su labor puede costarles la vida cada momento, mientras las autoridades continúan estigmatizándolos y en varias ocasiones criminalizando a las personas que enfrentan un problema de consumo, señaló Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB).
Aunque este hecho no ha sido el único desde 2020 que ha afectado al estado, los centros de rehabilitación siguen sin tener completas las garantías de seguridad.
En entrevista con Organización Editorial Mexicana aseguró que si bien hay municipios en donde sí han recibido el apoyo, hay otros en los que existe omisión total; resaltó que todo atiende a que cuando se firman acuerdos, leyes o reglamentos, nunca están presentes las partes afectadas, las víctimas, y muchos puntos clave no se toman en cuenta lo que perpetúa la estigmatización.
Un punto importante es el que los centros de rehabilitación sean acusados de cometer delitos por tratar personas en contra de su voluntad, aun cuando las normas dan a entender que una persona en esta situación no está apta para tomar algunas decisiones y requiere que sea apoyada por otra persona.
La realidad para quienes operan los “anexos” es que su labor puede costarles la vida cada momento, mientras las autoridades continúan estigmatizándolos y en varias ocasiones criminalizando a las personas que enfrentan un problema de consumo.
“Nosotros hemos tenido que hacer varias documentaciones, protocolos para poder defendernos, tanto de los derechos humanos como de las propias autoridades, ministerios públicos y todo eso, tenemos un documento que nos ampara donde hay tres maneras de internar a un usuario en contra de su voluntad, a petición de un juez, a petición de un médico, que me diga, si corre riesgo él y las personas que lo rodean”.
Mencionó que el esfuerzo de CRUB está orientado a que los centros en el estado se regularicen incluso en municipios donde no se les exige, que estos cuenten con todos los trámites y medidas necesarias, sin embargo a veces no hay voluntad tampoco por parte de los líderes.
“A veces lo que se nos dificulta es que hay líderes que son muy flojos para querer regularizarse, uno los orienta en los primeros trámites que se tienen que llevar a cabo, el aviso de funcionamiento, el manual técnico-administrativo, reglamento interno, el plan interno de protección civil, el permiso municipal que es el uso de suelo”.
Un punto importante es el que los centros de rehabilitación sean acusados de cometer delitos por tratar personas en contra de su voluntad.
Nicolás Pérez Ponce recalcó que la situación que se vive en el estado de Guanajuato está encabezada por la problemática de las adicciones, pues muchos delitos que se cometen están vinculados a las adicciones y por eso hacen en los centros de rehabilitación un esfuerzo por atenderlo.
“Hay muchos antecedentes donde una persona en delirio a consecuencia de las sustancias que consume, han acabado con la vida de otras personas, o de la propia; el más cercano fue en León, donde una persona mató a sus dos hermanos, a su esposa y a un tío.
“Desde los primeros delitos que se cometen, desde graves hasta simples, todos van vinculados al tema de las adicciones y nosotros que trabajamos en campo nos damos cuenta cómo está la situación, nosotros sí lo estamos atendiendo y las autoridades no”.
El esfuerzo de CRUB está orientado a que los centros en el estado se regularicen incluso en municipios donde no se les exige, que estos cuenten con todos los trámites y medidas necesarias, sin embargo a veces no hay voluntad tampoco por parte de los líderes.
El presidente de CRUB dijo que los encargados y trabajadores de los centros de rehabilitación en el estado se encuentran en constante riesgo por su labor, por un lado, deben estar al tanto de la estigmatización por parte de las autoridades, por el otro a la espera de no ser víctima de algún delito.
Uno de los ejemplos más recientes es el de los tres encargados de un centro de rehabilitación de Dolores Hidalgo, Juan Antonio Carrera, Josué Vivia Martínez y Francisco Javier Carrera Duarte, quienes desaparecieron al regresar de una junta de la Unión Estatal, la cual tuvo lugar en San Felipe el pasado dos de junio y hasta la fecha, nada se sabe de ellos.
El presidente de CRUB dijo que los encargados y trabajadores de los centros de rehabilitación en el estado se encuentran en constante riesgo por su labor, por un lado, deben estar al tanto de la estigmatización por parte de las autoridades, por el otro a la espera de no ser víctima de algún delito.
Sin embargo, entre este caso y la masacre de Arandas, ha habido otros hechos que ponen en riesgo a encargados, personal e internos en los centros de rehabilitación, para quienes se cansaron ya de pedir apoyo y garantías y de que se esperen hasta que pasan tragedias para poner los ojos en la problemática.
Pérez Ponce añadió que están visitando los municipios donde todavía no se sale de control la situación para concientizar a los líderes a no esperar a que las autoridades los inviten a regularizarse, sino que lo hagan con su orientación, pues hay un promedio de entre dos mil 500 a tres mil agrupaciones en el estado, lo que no tiene nada que ver con las estadísticas que les da el gobierno estatal.
“Si van a modificar una ley, si van a proponer, que se nos tome en cuenta, que se tome en cuenta a las víctimas y que se tome en cuenta a quien verdaderamente está trabajando el tema, han hecho muchas iniciativas, pero jamás han estado las personas indicadas, las personas interesadas, las personas afectadas para escuchar esas iniciativas, y decir, “Sí, está bien, sí estoy de acuerdo” .
Otro caso que señaló el presidente de CRUB fue precisamente en San Felipe, donde tuvieron recientemente un hecho en el que elementos de FSPE golpearon y sacaron del centro a un hombre sin ningún motivo aparente, solo había ido a la farmacia a comprar algo que le habían encargado.
El pasado primero de julio de 2020 a las 5:24 de la tarde ocurrió la masacre más grande de la historia de Irapuato, un grupo de hombres armados entró a una de las calles frente a la cancha de fútbol de la comunidad de Arandas para acabar con la vida de 27 hombres entre visitantes, internos y personal del centro “Buscando el Camino a mi Recuperación”.
El pasado primero de julio de 2020 a las 5:24 de la tarde ocurrió la masacre más grande de la historia de Irapuato, un grupo de hombres armados entró a una de las calles frente a la cancha de fútbol de la comunidad de Arandas para acabar con la vida de 27 hombres entre visitantes, internos y personal del centro “Buscando el Camino a mi Recuperación”.
A cinco años, uno de los perpetradores se encuentra tras las rejas condenado a casi 500 años de cárcel, y dos presuntos involucrados más están vinculados a proceso por este hecho desde enero de 2025, la herida en la comunidad de Arandas nunca cerrará, sin embargo sus habitantes aprendieron a vivir con ella, no por gusto, sino por que no tenían de otra más que seguir adelante.
“Claro que nos duele, quién se imagina tener que enterrar a sus hijos, más perderlos de una manera tan horrible, nos lastima y también tenemos miedo todavía, nunca se nos va a olvidar lo que pasó”, señaló Vanessa, habitante de la comunidad Arandas.
Aquella tarde los atacantes ingresaron al centro de rehabilitación en donde buscaban a un hombre a quien no encontraron, pero lejos de irse del lugar, se escuchó la orden “mátenlos a todos”, y decenas de disparos fue lo último que muchos escucharon, los atacantes acabaron con la vida de todos los hombres y en un acto que nadie explicó, dejaron huir a las mujeres que están internas en este centro, 87 casquillos percutidos fueron localizados en la escena, pero la gente de la zona sigue creyendo que fueron más disparos los que escucharon aquella tarde.
Las familias dejaron de hablar públicamente del dolor y de sus hijos fallecidos en el centro de rehabilitación de Arandas, pero no los olvidarán jamás, y cada año les hacen una misa para recordarlos, y este 2025 no será la excepción, la comunidad regresará al templo para revivir parte de este hecho que dejó cicatrices profundas.
