El nuevo marco legal modificará el concepto de los títulos de concesión, los cuales dejarán de funcionar como activos comerciables y, con ello, se frenaría la compraventa de pozos agrícolas destinados al uso urbano y la creación de fraccionamientos irregulares
Fátima Arton / El Sol de Irapuato
La iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales representa un parteaguas en la gestión del recurso hídrico en México, al plantear una transformación estructural que podría poner fin a prácticas ilegales, corrupción y conflictos acumulados por décadas, así lo afirmó René Luis Mendoza Franco, presidente del Colegio de Ingenieros del Agua de Guanajuato (CIAG).
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Explicó que el nuevo marco legal modificará el concepto de los títulos de concesión, los cuales dejarán de funcionar como activos comerciables; con ello se frenaría la compraventa de pozos agrícolas destinados al uso urbano y la creación de fraccionamientos irregulares.
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“Desde los años noventa, las concesiones comenzaron a verse como un activo, eso generó un mercado alterno, donde incluso se falsificaban documentos y se vendían concesiones de personas que no eran las propietarias. La nueva ley elimina esa figura y con ello se reduce un foco importante de corrupción”, afirmó.
René Mendoza Franco señaló que este cambio también impactaría en la planeación urbana, pues muchos desarrolladores adquirían pozos agrícolas para abastecer fraccionamientos, lo que provocó irregularidades en la calidad y disponibilidad del agua potable.
"Los organismos operadores, en lugar de buscar eficiencia, optaban por captar más agua, aunque proviniera de fuentes inadecuadas; eso derivó en fraccionamientos mal planeados y conflictos con las comunidades”, recordó.
Destacó que la reforma devolverá al Estado la administración directa de los títulos de concesión, lo que ayudaría a prevenir disputas locales. Sin embargo, advirtió que el proceso de transición no sería sencillo, debido a que los municipios necesitarían realizar ajustes legales, técnicos y financieros para adecuarse a la nueva normativa.
“Habrá inconsistencias técnicas y los ayuntamientos deberán invertir más, tanto en adecuar su marco legal como en modernizar su infraestructura”, puntualizó.
René Mendoza explicó que los mayores retos se concentrarían en las comunidades rurales, donde el control de los pozos y los medidores de extracción requeriría una supervisión más estricta.
"Los municipios tendrían que destinar recursos para renovar los macromedidores, porque ahora habrá sanciones si no funcionan y también podría frenar la apertura de nuevos fraccionamientos y complicar la expansión de la vivienda”, agregó.
Sobre el impacto para los usuarios domésticos, el presidente del Colegio de Ingenieros del Agua indicó que no habría afectaciones significativas en el corto plazo; no obstante, mencionó que la reforma implicaría nuevas responsabilidades para los organismos operadores y un mayor énfasis en el monitoreo de volúmenes extraídos.
En materia ambiental, el ingeniero destacó que la nueva legislación promueve la captación de agua pluvial, pero alertó sobre los riesgos sanitarios si no se regula la calidad del agua recolectada.
“La lluvia limpia el cielo, pero también arrastra contaminantes industriales y vehiculares. Si las viviendas instalan sistemas de captación sin capacitación, podrían generarse problemas de salud”, advirtió.
Finalmente, René Mendoza Franco llamó a la población a mantenerse informada y participar en el proceso de transición.
“Esta ley corrige los vicios del pasado, pero puede generar incertidumbre en el futuro inmediato. Por eso necesitamos comunicación y atención constante a las alternativas que surgirán cuando entre en vigor”, concluyó.
