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Seguramente ha escuchado que no hay deuda mala, siempre y cuando se utilice de manera correcta. Esto aplica también para las entidades federativas y municipios de nuestro país. Para garantizar lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios (LDFEFM) establece los lineamientos y reglas generales donde precisamente se regula su endeudamiento, cuya finalidad es la de mejorar el control y limitar el nivel de endeudamiento a nivel estatal y local. Ahora bien, para estar todos (lectores y un servidor) en la misma sintonía, definiremos la deuda o el endeudamiento público como cualquier mecanismo de financiamiento que sea contratado por cualquier entidad pública y podrá estar diferenciado dependiendo su tiempo de contratación: corto plazo (menores a 12 meses) y largo plazo (mayores de 12 meses).
¿Qué nos dice la LDFEFM respecto a la deuda que pueden contratar los estados y municipios de nuestro país? Esta ley es muy precisa en cuanto al actuar de las entidades federativas y municipios respecto de sus ingresos, egresos y deuda. Esta misma ley limita a que toda la deuda contratada por estados o municipios no podrá ser contratada con extranjeros, tampoco podrá ser pagada en moneda extranjera y, además, deberá ser contratada en territorio nacional. Adicional a ello, toda la deuda contratada deberá ser, de manera obligatoria, destinada a inversiones públicas productivas, refinanciamiento o reestructura y, deberá ser inscrita en el Registro Público Único (RPU) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dicho lo anterior, pasemos a revisar cómo llegan los estados a la recta final de este año 2024. De acuerdo con información de la SHCP, el saldo de la deuda directa de largo plazo de las entidades federativas al cierre de septiembre 2024 alcanzó los 587 mil millones de pesos (mmdp), 10.8 mmdp más que lo reportado al cierre de septiembre del 2023, esto en valores nominales. Respecto a la deuda de corto plazo, se reportó un saldo total de 22 mmdp, 9 mmdp más que lo reportado durante el mismo periodo de 2023, esto a pesar de que 9 estados tuvieron la obligación de sanear sus saldos de deuda de corto plazo antes de la entrada de los nuevos gobernadores (como marca la ley).
Resulta alarmante que 6 entidades concentran el 60% del total de la deuda de corto plazo: en primer lugar, la Ciudad de México con 96 mmdp; seguido de Nuevo León con 65 mmdp; el Estado de México con 58 mmdp; Chihuahua 51 mmdp; Veracruz 46 mmdp y Coahuila con 36 mmdp. En contraste, sólo 5 entidades presentaron montos de endeudamientos de largo plazo menores a 3 mmdp; Querétaro con 2,685 millones de pesos (mdp), Campeche con 2,101 mdp, Baja California con 1,238 mdp; Guerrero con 695 mdp y por último, Tlaxcala con cero pesos de deuda contraída debido a los candados y exigencias plasmadas en las leyes estatales con la finalidad de evitar que gobernadores y presidentes municipales contrataran deuda.
Respecto a los saldos de corto plazo, únicamente dos entidades tienen montos mayores a 3 mmdp: Sonora con 3 mmdp y Nuevo León con 7 mmdp. Estas dos entidades concentran el 50% del total de la deuda de corto plazo al cierre de septiembre de 2024. En contraste 19 entidades no tienen saldos de deuda de corto plazo reportados para este periodo.
Para concluir, si revisamos la información presentada por la SHCP en su Sistema de Alertas cuya finalidad es la de medir el nivel de endeudamiento de las entidades mediante 3 indicadores base: 1) Deuda pública y Obligaciones respecto de los ingresos de libre disposición; 2) Servicio de la deuda y de obligaciones respecto de los ingresos de libre disposición y, 3) las obligaciones de corto plazo y proveedores y contratistas respecto de los ingresos totales. Dicha información únicamente posicionó al estado de Coahuila en color amarillo (nivel de endeudamiento medio) y, por el contrario, el resto de las entidades fueron posicionadas en el servicio de alertas como color verde, lo que indica que tienen niveles de endeudamiento óptimos cuyo riesgo resulta menor.
La evolución de la deuda estatal y lo presentado en el paquete económico 2025 nos invitan a reflexionar ¿qué tan sostenible resulta este nivel de endeudamiento estatal y nacional? ¿La contratación de deuda ha tenido un impacto positivo en sus habitantes mediante proyectos de inversión o infraestructura? Es crucial que, como ciudadanos, cuestionemos y demos seguimiento a los datos de endeudamiento presentados por las entidades federativas, así como su destino y propósito para garantizar su correcto uso en el futuro.