Atentamente. Ismael Zambada García.
Hasta la próxima en PROSPECTIVA.
José Gerardo Mosqueda.
Dentro del plazo de las cuatro semanas que negociaron el presidente de Estados Unidos, y la presidenta de México, concluyó la tercera de ellas, la aplicación de los aranceles tendrá que ser materia de conversación en el transcurso de la semana que empieza… se está agotando la prórroga pactada, pero la novedad es que en el Consulado Mexicano en Nueva York, se recibió una carta del ciudadano mexicano, que ha sido motivo de infinidad de investigaciones periodísticas, reflexiones editoriales, análisis políticos, y desde luego opiniones calificadas y no calificadas respecto a las organizaciones criminales, hoy rebautizadas, como organizaciones terroristas.
En su carácter de ciudadano mexicano, y con fundamento en disposiciones internacionales, constitucionales y legales, que obligan al Estado mexicano, a brindar protección y defensa, consular a sus nacionales en el extranjero, y que, en este caso específico se refieren a la situación irregular e ilegal que enfrenta, actualmente sometido a la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos de América, cuidando todos los detalles de procedimiento y poniendo el asunto en manos de su abogado defensor, así como de sus asesores jurídicos el que suscribe afirma que fue privado de su libertad en territorio mexicano, mediante coacción física y engaños, que posteriormente fue trasladado de manera coercitiva desde territorio mexicano hacia los Estados Unidos, sin autorización de las autoridades mexicanas y sin cumplir con los procedimientos legales para el caso.
Fundamenta en la convención de Viena, sobre relaciones consulares, artículo 36, que dispone: la autoridad competente del Estado receptor, debe informar sin demora a los consulados sobre la detención de sus nacionales, permitiendo la comunicación y asistencia consular…. También fundamenta en la convención americana sobre derechos humanos, 1969, donde México y Estados Unidos son signatarios del pacto de San José, que protege los derechos humanos fundamentales, y que en su artículo 7 garantiza el derecho a la libertad personal, estableciendo que nadie puede ser privado de su libertad arbitrariamente.
También fundamentó en el pacto internacional de derechos civiles y políticos que en su artículo 9 establece el derecho de toda persona a la libertad y seguridad personales, prohibiendo, la detención o prisión, arbitrarias y por supuesto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1 donde se establece la obligación del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y el artículo 15, que prohíbe la celebración de tratados para la extradición de reos políticos y de aquellos delincuentes que hayan tenido en su país de origen, la condición de esclavos, así como los convenios o tratados que altere los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte.
Fundamentos, no le faltan a la misiva, también agrega elementos de jurisprudencia relevantes y enfatiza que el traslado de México a los Estados Unidos de su persona no cumple con ningún requisito legal, vulnera todos los instrumentos legales, nacionales e internacionales, y constituye una flagrante, violación al derecho internacional, al derecho constitucional mexicano y los tratados bilaterales que rigen la cooperación jurídica entre ambos países.
Con lo cual resulta fundado, motivado y oportuno, realizar la presente solicitud de asistencia consular, a fin de que el gobierno de México, interceda en su favor ante los órganos jurisdiccionales y la fiscalía de los Estados Unidos a fin de que se restablezca el orden constitucional, el respeto a la soberanía y la no intervención que han sido flagrantemente violados con el acto que aquí denuncia y por tanto solicita la repatriación de su persona a los Estados Unidos mexicanos…
Uno de los líderes y fundadores del Cartel de Sinaloa, preso desde julio pasado en Estados Unidos, de 77 años y acusado de ser narcotraficante, le exige al gobierno mexicano que intervenga para su repatriación, fundamenta que fue secuestrado y los abogados, asesores ante el consulado son distinguidos profesionales del derecho a los servicios del partido, oficialista y gobernantes del mismo partido en México.
La presidenta de México confirmó haber recibido el documento y dijo que será revisada esta carta por la Fiscalía General de la República, como parte de una investigación abierta, el año pasado por la detención de este narcotraficante en una operación de la que el gobierno mexicano no fue notificado, la presidenta trata de explicar que “nadie está defendiendo al personaje, sino al hecho”.
Ismael Zambada expresa su temor de que el juicio que se le siga, conduzca a la pena máxima y por tanto alega que su situación podría sentar un precedente sobre otros ciudadanos mexicanos… es decir, si el gobierno de México no actúa, será condenado a pena de muerte y confirmaría un precedente en el sentido de que cualquier gobierno podría de manera impune, violentar el territorio y la soberanía nacional.
Y advierte: el gobierno mexicano debe intervenir a fin de que el asunto, (su asunto) no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, y entonces exige y demanda que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente, y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos, garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción.
Por lo visto hoy, el tema está bajo la responsabilidad del fiscal general de México, quien ya empieza a argumentar que el gobierno de Estados Unidos no notificó al gobierno mexicano sobre la operación para la captura de Zambada, y que las peticiones formales de información no han sido respondidas por el gobierno de Estados Unidos.
En este capítulo que el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha titulado las relaciones del gobierno mexicano con las organizaciones criminales, tiene una evolución digna de un destacado libreto… quizá en el imaginario colectivo, lo que queda vigente es que ya no se hablará de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, tampoco de la lucha contra el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de ciudadanos, que el gobierno americano considera ilegales; hoy el tema es que no se cumplieron los protocolos para el tratamiento de delincuentes, entre ambos países, y por tanto los abogados, que también asesoran a gobernantes del partido oficialista, han hecho una depurada labor de defensa legal, en favor de la esperada liberación de la justicia norteamericana de un personaje que parece conocer mucha más información comprometedora para el oficialismo y las tribus que ostentan el poder en México, que por lo pronto, hay que buscar el modo de sacarlo de Estados Unidos y con ello evitar que sus declaraciones confirmen lo que ya hoy es una premisa de la relación del gobierno norteamericano con el gobierno mexicano.
Uno de los delincuentes más buscados por las agencias norteamericanas en el mundo, da lecciones de derecho a la presidenta de México y le exige que proceda con su trabajo para que él regrese a México, sea tratado con todos los respetos que indica la ley y, por tanto, sea liberado de ser sentenciado, presumiblemente, a la pena de muerte.
Precisamente en el contexto de la prórroga que el presidente americano le concede a la presidenta mexicana, y antes de evaluar si se han cumplido con las condiciones establecidas para la prórroga, el nuevo actor en este proceso pronostica un colapso (lo que usted estimado lector, quiera entender) entre el gobierno americano y el gobierno mexicano.
Lo que es un hecho es que Zambada tiene mucha información, sólo él y su círculo cercano saben cuánta de esa información, ya está en posesión de las agencias de seguridad de los Estados Unidos, pero el presidente Trump ha denunciado una alianza de las ahora llamadas organizaciones terroristas mexicanas con el actual gobierno y no parece ser de buen pronóstico para las tribus en el poder que esta información se dé a conocer a la opinión pública de ambos países.
En esa detención irregular a la que Zambada se refiere, se tiene como antecedente que fue en una cita, acordada con el actual gobernador de Sinaloa, y el que en su momento fuera rector de la universidad de Sinaloa, diputado federal electo y ejecutado en el marco de la misma cita donde se procedió a lo que le llaman el secuestro, el traslado irregular hacia los Estados Unidos, y por lo tanto, la transgresión de todos los marcos legales, a los cuales hace referencia; quiere decir que también investigarán al gobernador de Sinaloa, a todo su grupo político y las relaciones de éste con las organizaciones, ahora llamadas terroristas en el propio estado de Sinaloa.
