Celaya, único municipio de la región 4 con Juzgados Cívicos plenamente operando

Los principales obstáculos para cumplir con la Ley son: falta de recursos, de infraestructura y desconocimiento de la gente

Sesión plenaria de la Comisión legislativa de Seguridad en Celaya. / Foto: Alfonso Berber / El Sol del Bajío

Antonio Ojodeagua Lara

Celaya, Gto.- Celaya es el único de los 11 municipios que integran la región 4 del estado que cuenta con Juzgados Cívicos desde hace dos años; mientras que el resto está en proceso o aún no lo tienen considerado, ya que uno de los principales obstáculos es la falta de recursos.

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Lo anterior lo informaron durante la segunda sesión plenaria de la Comisión Legislativa de Seguridad Social y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que tuvo como objetivo central la presentación y análisis de la implementación de justicia cívica en la región 4 del estado.

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Es de mencionar que, a cuatro años de que entró en vigor la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato, sólo siete de los 46 municipios tienen integrados sus Juzgados Cívicos: San Miguel de Allende, Cortazar, Celaya, Irapuato, León, Guanajuato y Salamanca.

Los municipios que integran la región 4 en Guanajuato son: Juventino Rosas, Comonfort, Celaya, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Jerécuaro, Coroneo, Tarandacuao, Acámbaro, Salvatierra y Tarimoro; los cuales presentaron sus avances y resultados para el análisis general.

Celaya: Dos años con justicia cívica

En el caso de Celaya, que cuenta con los Juzgados Cívicos desde el 28 de junio de 2023, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto Martínez, explicó que en un inicio no contaban con protocolos ni con el personal suficiente.

Fortalecer la justicia cívica es el primer paso que se debe dar para implementar mecanismos de solución, sobre todo vecinales para resolución de controversias para lograr mediar y para fortalecer los esquemas de seguridad que tienen los municipios.Daniel Nieto Martínez

“Cuando entramos a la administración contábamos con un par de jueces cívicos, no se contaba con protocolos, no se contaba con mucho de los de los requerimientos mínimos que debe contar el sistema de justicia cívica,” señaló Nieto Martínez.

Ante ello, hizo hincapié que actualmente el municipio cuenta con cinco jueces cívicos acreditados por el examen de control y confianza, con sus respectivos secretarios, así como el personal dentro de los juzgados.

Resaltó que por parte del Ayuntamiento se destina un presupuesto en específico a este tema de Justicia Cívica, por lo que se le aumentó el salario a los jueces cívicos, por la labor que realizan, además que ellos son el primer paso para garantizar la seguridad y fortalecer la convivencia del municipio.

Buscan mejorar protocolos

Agregó que Celaya está en el diseño de la mejora de los protocolos de ingreso en las sanciones que se ejercen en los centros de justicia cívica, debido a que ha detectado, que se deja de lado el servicio a la comunidad y las multas económicas, ya que al cometer una infracción solo se mantienen bajo arresto 36 horas.

Concluyó que la justicia cívica es uno de los pasos primordiales para el fortalecimiento de la seguridad en lidiar controversias entre la sociedad que se llegan a dar.

“Fortalecer la justicia cívica es el primer paso que se debe dar para implementar mecanismos de solución, sobre todo vecinales para resolución de controversias para lograr mediar y para fortalecer los esquemas de seguridad que tienen los municipios”.

Para la implementación de justicia cívica Celaya dijo también que se han trabajado en la actual administración entre los que destaca: Violentómetro animal y Violencia Contra la Mujer.

“Recibimos muchos casos que nos preocupan y nos ocupan día con día, que es el tema de la violencia familiar de la violencia que se recibe todos los días; son la mayoría de los temas que atendemos en la mesa de seguridad”, puntualizó.

Los que faltan

En el caso de los otros 10 municipios de la región 4 que aún no cuentan con Juzgados Cívicos, la implementación de la ley en esta materia está a cargo de seguridad pública, jueces calificadores, la Secretaría del Ayuntamiento o del Ministerio Público.

Durante la entrega de resultados, también se dio a conocer que cinco de los 11 municipios cumplen con los instrumentos normativos como el Bando de Policía y Buen Gobierno; mientras que otros cinco están en proceso y uno sin adecuaciones.

Entre las diferencias principales que se pudieron analizar, se destaca que unos de los 11 municipios mantienen una estructura amplia con más de 10 cargos; mientras que los demás solo mencionan dos cargos que son: juez cívico y médico.

En cuanto a los recursos para la implementación de la justicia cívica, un 55% señalan que sí se tiene un presupuesto, mientras que el 45% restante no lo tiene.

Se mostró que uno de los principales obstáculos para el cumplimento de la justicia cívica es la falta de recursos, la falta de infraestructura y el desconocimiento ciudadano.

A dicha sesión acudieron representantes de los 11 municipios del estado de Guanajuato pertenecientes a la región 4, misma que se llevó a cabo en el Parque Fundadores 450 de Celaya para evaluar estos datos del 2025 en cuanto a los avances, así como desafíos institucionales de la justicia cívica.

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¿Qué es la Justicia Cívica?

La Justicia Cívica es un sistema fundamental para la implementación del Modelo Nacional de Policía, que permite atender de manera rápida y ágil los conflictos entre ciudadanos derivados de la convivencia cotidiana, evita que éstos escalen y facilita su resolución pacífica.

Este sistema funge como política pública de prevención del delito, pues evita que los conflictos deriven en conductas violentas o delictivas, fomentando la cultura de la paz. Asimismo, procura que las faltas administrativas y conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad para que el infractor reconozca el daño social que causa y lo restituya. Además, permite atender e identificar a la población en riesgo y monitorear su reincidencia.

Ante la Justicia Cívica pueden llegar las personas mayores de 18 años que cometan actos y omisiones que atenten contra la tranquilidad, dignidad y seguridad de la ciudadanía, afectando el libre tránsito, el medio ambiente, así como el buen funcionamiento de servicios públicos, entre otros. Las sanciones van desde una amonestación, multa, trabajo comunitario o arresto.

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