Empresa demandará a Fiscalía estatal por operativo en rancho El Ramillete; señala que fue “un montaje mediático”

Andrés Téllez

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“Fue un montaje. Dijeron que rescataron a 720 personas que supuestamente estaban contra su voluntad, pero no hay ni una sola denuncia al respecto. La Fiscalía ni siquiera presentó a alguna persona para ratificar esa acusación”, declaró.

Espinoza subrayó que ninguna persona ha presentado una denuncia por trata de personas, y que durante el operativo no se selló ninguna instalación ni se reubicó a los trabajadores, quienes continúan laborando normalmente.

“Nadie me obligó a estar aquí”

Cabe recordar que el sábado, El Sol del Bajío recorrió la zona, donde las construcciones son humildes y el paisaje árido.

Por su parte, una joven de 19 años, proveniente de Guerrero, compartió que viven bien, que nadie les cobra renta y que pueden irse cuando lo deseen.

Turnos de 8 horas

“Si un trabajador desea retirarse, es libre de hacerlo. Se les brinda comida, seguridad privada, y el albergue es gratuito. No se les cobra por estar aquí”, afirmó.

“Lo único que nos observó la Secretaría de Salud fue el manejo de alimentos en la cocina, y también ya se está corrigiendo. Fuera de eso, no se encontraron anomalías graves”, comentó.

Sobre las acusaciones de drogas, Espinoza señaló que solo a una persona le fue encontrado un cigarro de marihuana, y fue liberado poco después.

Denunciarán ante la FGR

“Si clausuran este lugar, sería hasta benéfico para nosotros. Es un gasto que hacemos sin obligación. Aquí les damos resguardo y seguridad, a diferencia de otras empresas donde los trabajadores viven hasta en el monte”, expresó.

“No respetaron procedimientos legales”

Espinoza también denunció que durante el cateo, en el que participó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no se respetaron los procedimientos legales.

“Confiscaron los servidores de las cámaras de seguridad y hasta la fecha no han sido devueltos, lo cual impide tener un registro claro del operativo”.

“No permitieron que nadie supervisara el cateo, sacaron a todos y los encerraron en un solo cuarto. Eso no debió pasar si tenían una orden judicial válida”, subrayó.

El abogado expresó que están dispuestos a colaborar con las autoridades para mejorar las condiciones del albergue y del entorno laboral, pero exigió un trato justo y dentro del marco legal.

“Las instalaciones cumplen con lo necesario para albergar dignamente a los trabajadores y sus familias, incluyendo servicio médico las 24 horas”.

También criticó la postura ambigua de autoridades municipales y estatales, quienes, tras una visita reciente al albergue, “solo se tomaron la foto y se fueron”.