Andrés Téllez
El maestro Magdaleno, integrante de la hermandad hñähñu–chichimeca al rescate de los pueblos originarios de México, subrayó la importancia histórica y espiritual del lugar:
La hermandad hñähñu chichimeca denuncia la prohibición de acceso al Cerro de las Tres Cruces, sitio arqueológico y ceremonial en San Miguel de Allende, el cual consideran parte de su patrimonio ancestral. Reclaman intervención del INAH y el respeto a su autonomía y cultura, frente a la privatización de espacios sagrados y la destrucción de vestigios prehispánicos
SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- Desde hace cinco años, la hermandad hñähñu chichimeca, pueblos originarios y habitantes de la colonia San Miguel Tres Cruces han sido privados del acceso a uno de los espacios más sagrados para su comunidad: el Cerro de las Tres Cruces, también conocido como Cerro de la Cruz o antiguamente Montequehuma. El lugar, que cuenta con un basamento piramidal y un patio hundido del periodo mesoamericano clásico, ha sido declarado por los propios habitantes como un sitio ceremonial ancestral que ahora se encuentra restringido y cercado con mallas, rejas y señalamientos de “propiedad privada”.
El conflicto ha surgido a raíz del crecimiento urbano y la expansión inmobiliaria en San Miguel de Allende. La comunidad denuncia que, tras el fraccionamiento de terrenos en la zona, diversas inmobiliarias y particulares han tomado posesión de espacios tradicionalmente utilizados por los pueblos originarios para ceremonias sagradas.
“No nos dejan subir al cerro, únicamente a los hermanos de Guadiana y eso el día de la Santa Cruz para que bajen la cruz en procesión. A nosotros, que vivimos aquí y somos descendientes directos, nos prohíben el acceso”, señalaron.
“Este sitio es un sitio prehispánico muy importante para la historia de los pueblos originarios. Era un centro ceremonial como Cañada de la Virgen, como la pirámide de la Soledad en Cruz del Palmar y otros tantos que construyeron nuestros antepasados otomíes. Eran sitios sagrados donde hacían ceremonia a los elementos de la vida: el agua, el aire, el fuego y la tierra. Ese cerro tiene alineamientos con otras pirámides de la región, con el Calvario de Cruz del Palmar, que era un observatorio. En la cima había unas rocas donde hacían rituales para pedir lluvia, buenas cosechas y el bienestar del pueblo Hñähñu.”
La historia reciente del sitio incluye un episodio grave: en 2020, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende (SAPASMA) ingresó con maquinaria pesada y destruyó parte de las escalinatas piramidales con la intención de instalar tanques elevados. La comunidad se organizó, detuvo la obra y denunció el hecho ante la Fiscalía General de la República. El caso se respaldó con el Artículo 28 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que protege el patrimonio nacional e impone sanciones a quienes lo dañen.
En ese contexto, se designó como perito a la arqueóloga Lizbeth Pérez, y según relatan los pobladores, también participó la arqueóloga Roxana Quiróz, aunque no está claro en qué términos lo hizo. La intervención oficial confirmó el valor arqueológico del lugar.
A pesar de eso, el acceso continúa restringido, y los habitantes han sido testigos del saqueo paulatino del sitio. Según relatan, del patio hundido han sido retiradas al menos 40 cargas de camión de piedra, alterando el paisaje ceremonial de tres niveles que caracterizaba la zona.
El maestro Magdaleno enfatizó: “queremos que ese lugar se declare sitio arqueológico de preservación para la historia, tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. Es un atractivo ancestral que ahora mañosamente han estado vendiendo o invadiendo, con intentos de despojo. Eso no se vale, porque es parte de la historia de San Miguel.”
Los pobladores han sostenido reuniones recientes con la delegada del INAH en Guanajuato, Olga Adriana, quien, aunque confirmó haber visitado el lugar, no supo precisar si se encuentra en el registro oficial del Instituto, ni pudo ubicar con claridad su entrada. Les indicó que el sitio no tiene acceso restringido, algo que los vecinos refutan, ya que se encuentra cercado y con múltiples letreros de propiedad privada.
Además, Olga Adriana pidió una redacción especializada de una historiadora para sustentar la solicitud de declaratoria arqueológica, pero el costo del trámite fue estimado en 35 mil pesos, cifra difícil de cubrir para las familias que, sin embargo, cuentan con mapas antiguos, documentos de colindancias y recibos de predial que acreditan la propiedad comunal.
En palabras del maestro Magdaleno, “estamos en pláticas con el INAH y queremos que esto venga desde el gobierno federal. Pedimos que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, considere por decreto ese lugar como intocable. Que se reconozca como sitio sagrado importante para todo el pueblo Hñähñu y Otomí, así como para los sanmiguelenses.”
También denunció que desde años atrás se han montado en la zona antenas de gran tamaño sin que la comunidad sepa con qué fin, y que parte del despojo comenzó con documentos presuntamente apócrifos, mientras los originales desaparecieron bajo sospechosas circunstancias.
“Alguien se aprovechó de la bondad de nuestros hermanos chichimecas y se fueron apoderando de los terrenos. No podemos permitir que personas ajenas o incluso extranjeras nos arrebaten esta riqueza ancestral que es la base de la historia de San Miguel, de Guanajuato y de México.”
Finalmente, la comunidad hace un llamado urgente a la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, a la presidenta Claudia Sheinbaum, y a todas las instancias culturales y legales del país, para que actúen de manera decidida en defensa del Cerro de las Tres Cruces.
“Pedimos que se recupere el lugar y se sancione a quienes han abusado del poder, ya sea político o económico. El Cerro de las Tres Cruces no es un lote cualquiera. Es un templo ceremonial vivo para nuestra gente”, concluyeron.
