Sin justicia: un año del caso Alana, la niña que murió durante un operativo en San Miguel de Allende
El 11 de marzo de 2025, un operativo de la Fiscalía de Guanajuato para detener al empresario Alan Pérez terminó con la muerte de su hija de ocho años; la familia sostiene que el caso avanza entre retrasos, recursos legales y disputas institucionales
Andrés Téllez
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Un operativo que terminó en tragedia
La vida debe continuar
La familia de la menor sigue recibiendo atención psicológica a un año de ese operativo.
“Claro que sí, estamos en terapia desde entonces. Cada uno tenemos un terapeuta”, dijo Alan Pérez.
“Además mi hija recibe acompañamiento en la escuela, ya que siempre estuvo acompañada de su hermana. Toda su vida fue con su hermana a la escuela… y ahora enfrenta esos recuerdos”.
En el plano personal, el empresario señaló que el caso también impactó su actividad empresarial, ya que trabaja en el sector turístico y de servicios.
“Estoy en el sector turístico, de hospitalidad y de servicios, restaurantes”, dijo.
El miedo, parte del día a día
El empresario afirma que después del operativo cambió su rutina diaria, ya que antes del 11 de marzo, dijo, llevaba a sus hijas a la escuela todos los días, ahora lo hace sólo en algunas ocasiones.
“De llevar diario a mis hijas a la escuela, (ahora) sólo me permito una o dos veces por semana hacer eso”.
También mencionó que la presencia de vehículos oficiales le genera preocupación.
“Veo una camioneta de estas que ahora sé que son de la Fiscalía… y pienso: quién sabe si irán estos agentes ahí y da miedo, es triste vivir así siempre a la expectativa de que algo nos pueda pasar a mi familia y a mí”.
Según Pérez, la investigación sobre la muerte de su hija continúa sin resolverse.
“Es increíble cómo tan rápido pasó un año”, dijo, el empresario y señaló que el proceso podría prolongarse ya que sabe que hay casos que llevan décadas sin resolverse. “Ojalá que no sea nuestro caso, pero tenemos que seguir luchando”.
Un año después: El proceso y disputa con la Fiscalía
Alan, padre de la menor, afirma que el año posterior al operativo ha estado marcado por procesos judiciales, recursos legales y desacuerdos con la Fiscalía estatal.
“Obviamente ha sido un año bastante complejo, bastante difícil en el plano personal, familiar y, por supuesto, legal”, dijo Alan Pérez en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM).
El empresario señaló que estuvo en prisión preventiva desde el día del operativo hasta el 12 de abril de 2025.
“Desde el 11 de marzo de 2025 hasta el 12 de abril estuve en prisión preventiva. No pude estar al pendiente de muchas cosas que me eran importantes, como el mismo funeral y despedida de mi hija”.
De acuerdo con lo que Pérez relata, la orden de aprehensión que originó el operativo se ejecutó semanas después.
“A mí me buscaron ese día 11 de marzo para supuestamente cumplimentar una orden de aprehensión en mi contra. Y digo supuestamente porque no la cumplimentaron, esto sucedió casi tres semanas después”, afirmó.
Demostramos mi inocencia: Pérez
En la audiencia posterior, dijo, su defensa argumentó que la denuncia que originó la orden era falsa.
“No sólo demostramos, sino probamos mi inocencia… legalmente hablando uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
El empresario sostiene que la investigación por la muerte de su hija se enfrenta a obstáculos dentro de la misma institución que realizó el operativo.
“Nos enfrentamos a una institución, nos enfrentamos a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato”, dijo.
Según su testimonio, la Fiscalía sostiene que él puso en riesgo a sus hijas durante el operativo.
“La Fiscalía insiste en que yo soy el que puso en riesgo a mi hija”, afirmó.
Recomendación de Derechos Humanos
Entre esos derechos mencionó el derecho a la vida en el caso de la menor.
La recomendación incluyó el reconocimiento de la familia como víctimas, la reparación integral del daño y medidas de no repetición.
En una primera respuesta, la Fiscalía rechazó la recomendación.
La investigación sobre los disparos
Comentó Alan que la carpeta de investigación incluye pruebas balísticas relacionadas con el arma de uno de los agentes.
“En diciembre pedimos que se judicializara… ya existía la prueba científica del análisis de las ojivas extraídas del cuerpo de mi hija”, explicó.
De acuerdo con su versión, el análisis estableció correspondencia con una de las armas utilizadas por los agentes.
“Tenían correspondencia con una de las armas de un agente de investigación”, dijo.
La defensa solicitó que el agente fuera vinculado a proceso. La Fiscalía respondió que la investigación continuaría antes de tomar esa decisión.
“Nos dicen: espérame, déjame investigar y yo te aviso”, señaló. Ante esa respuesta, la familia presentó recursos judiciales para solicitar la intervención de un juez.
La defensa legal
El abogado de la familia, Juan Arredondo Rodríguez, explicó que el caso se encuentra en varias etapas procesales.
“La sentencia de amparo que hemos dado garantiza que ellos van a continuar ese proceso en libertad”, dijo.
Según el abogado, el proceso se encuentra en una etapa intermedia.
El abogado agregó que los agentes involucrados no han sido entrevistados por la defensa.
“Los ocho agentes de Investigación Criminal se han negado a ser entrevistados por nosotros los defensores”.
En la última audiencia, explicó, un juez confirmó el archivo del caso. “Nos tocó que nos atendiera un juez de control que se llama Vicente Carlos Cuellar y confirmó ese archivo”, dijo.
Un caso abierto
La carpeta sobre los disparos, la investigación por tortura y los procesos relacionados con el operativo siguen en curso.
Doce meses después, la familia de la menor sostiene que el objetivo sigue siendo el mismo que comenzó el día del operativo: justicia.
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