Durante el mes de mayo todas las personas servidoras públicas del país están obligadas a presentar su declaración patrimonial y, en su caso, de intereses, conforme lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta obligación no es un simple trámite burocrático: representa un compromiso esencial con la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción en el servicio público.

Esto significa que, al aceptar el cargo para trabajar en el servicio público, también aceptamos informar sobre nuestro patrimonio.

Este punto llegó a generar gran polémica con posturas a favor de la rendición de cuentas y otras en contra de vulnerar la privacidad. Sin embargo, hoy la realidad apunta a un consenso generalizado. Las declaraciones de situación patrimonial se ven como una herramienta para brindar confianza a la ciudadanía respecto a las decisiones y el desempeño de servidores públicos. Éstas sirven para documentar que los bienes con que cuenta un servidor correspondan con los ingresos económicos que recibe.

El principal supuesto es que hay incentivos asociados a la corrupción que se ven reflejados en un mayor patrimonio. En otras palabras, si conocemos cuánto tiene un servidor público podemos alertar ante un crecimiento inexplicable de sus bienes.

La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno es el ente encargado de recabar las declaraciones patrimoniales y advertir cuando algún servidor público no ha cumplido y en las entidades federativas, las secretarías de la función pública. 

Una situación polémica sucedió en 2020, cuando se presentó una vulneración a la base de datos con más de 830 mil declaraciones en posesión de la entonces SFP, hoy Secretaría Anticorrupción.  

Cabe puntualizar aquí que hay versiones públicas de estas declaraciones y que en la base se encontraban datos personales como CURP, RFC, domicilios particulares, números telefónicos, inversiones, bienes inmuebles y más. Es muy importante que los sistemas donde se capturan estas declaraciones de situación patrimonial cuenten con todas las medidas de seguridad para evitar estas vulneraciones.

Por otra parte, en este proceso electoral judicial que vivimos, diversos medios de información consultan las declaraciones de las personas candidatas a la impartición de justicia en nuestro país. Entre las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados se deben de publicar las declaraciones patrimoniales y ponerlas disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. Gracias a esto, los medios exponen inconsistencias entre lo que se observa en las campañas y lo que refleja el papel.

Por eso es importante tener presente que del 1 al 31 de mayo se deberá presentar la declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación. Esta es una oportunidad para contribuir al proceso constructivo de la confianza en nuestro trabajo y las instituciones para la sociedad

Nada te da más tranquilidad que transparentar tu patrimonio. Debemos cuidar el cargo cumpliendo con lo estipulado en la ley y cuidar la vocación de servir a la sociedad haciendo uso responsable de sus recursos para los fines que fueron recabados.

El que nada debe, nada teme

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