Una de las funciones de la transparencia, dentro de una democracia, es la de coadyuvar para aclarar el uso de los recursos públicos por parte de las autoridades. En otras palabras: cuando la sociedad conoce cómo se utilizan los recursos públicos, cuando puede vigilar estos procesos, la opacidad disminuye y, por lo tanto, se cierra la puerta a la corrupción.

Por ello es relevante un caso que resolví la semana pasada en el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de la Secretaría de Bienestar. 

Hace unos meses, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona solicitó a esta Secretaría conocer los recursos pagados o transferidos por la dependencia desde cualquier cuenta bancaria, así como los montos por fuente de financiamiento y programas presupuestales, incluyendo los programas sociales.

Ante esta solicitud, Bienestar proporcionó información que no corresponde con lo requerido, pues solo entregó datos del programa “Sembrando Vida”. Después de analizar el caso en mi Ponencia, en el INAI determinamos revocar la respuesta de la autoridad pues la Secretaría federal sí puede transparentar el ejercicio de cuentas y movimientos financieros, como la sociedad le demandó. 

Recordemos que la Secretaría de Bienestar es la que más recursos recibirá este 2025, con cerca de 580 mil millones de pesos, por encima de la Secretaría de Educación Pública (451 mil millones). El presupuesto de Bienestar para 2025, comparado con el 2024, incluye un aumento de 35 mil 950 millones de pesos (una variación real de 2.3%). 

Bienestar es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de bienestar y calidad de vida. Lo anterior incluye la realización de programas sociales que combatan la marginación. Para mejorar las decisiones de gobierno es necesario poder cuantificar y medir su impacto, lo cual significa una correcta rendición de cuentas. Por ello, es importante entregar esta información que busca conocer el uso de recursos públicos. 

Como Comisionada del INAI he sido consistente para que Bienestar entregue información que por derecho le corresponde a la ciudadanía. Por ejemplo, en diciembre pasado, determinamos que esta Secretaría debe informar sobre los salarios de sus funcionarios, especificando el monto por sueldos, bonos, aguinaldos y demás prestaciones o remuneraciones adicionales que perciban. De igual manera, en noviembre de 2024, el Pleno del Instituto determinó que las y los mexicanos tienen derecho a conocer información relativa al Plan de Reconstrucción de Viviendas, incluido en el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural.

De acuerdo con la organización México Evalúa, una de las recomendaciones para garantizar la sostenibilidad del gasto a largo plazo que realiza Bienestar consiste en fortalecer los mecanismos de evaluación y de monitoreo, cuestión relacionada con la transparencia y la rendición de cuentas. 

Con este tipo de medidas, se contribuye al bienestar de distintos sectores sociales en nuestro país, y se reduce la posibilidad de que el presupuesto pueda ser utilizado de manera discrecional para, por ejemplo, la compra de votos en procesos electorales.

@JulietDelrio

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