Los desafíos del libre comercio en el nuevo tablero global y el papel estratégico del empresariado mexicano.
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Janette Rodríguez
Directora General DIA1
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Aguascalientes, 26 de marzo de 2026
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La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) no es un ajuste menor. Representa una prueba para medir la madurez del Estado mexicano y la capacidad de su empresariado de defender intereses estratégicos en un mundo convulso. Hoy, el contexto internacional es distinto al de hace apenas unos años: el proteccionismo se expande, la geopolítica redefine prioridades y las cadenas globales de valor se reconfiguran bajo presiones que trascienden lo económico.
Estados Unidos impulsa reglas de origen más estrictas que garanticen mayor contenido regional. La industria automotriz ya lo vive, con un requisito que pasó del 62.5 % al 75 % de integración norteamericana, y con sanciones que podrían ir de 5 % a 20 % para quienes incumplan. China, por su parte, se ha convertido en un competidor incómodo en las cadenas norteamericanas, lo que motiva a México a proponer nuevas reglas que frenen la entrada de insumos asiáticos. Al mismo tiempo, la Unión Europea acelera su integración con nuestro país, demandando compromisos en comercio, derechos humanos y sostenibilidad. México se encuentra, así, en medio de un triángulo de presión que exige negociar con inteligencia, visión y unidad.
Uno de los grandes riesgos es caer en la llamada trampa de la visibilidad: confundir la firma de un documento con un triunfo real. El verdadero éxito no radica en los anuncios mediáticos, sino en que las condiciones pactadas fortalezcan la competitividad y aseguren igualdad de juego para nuestras empresas. Negociar sin estrategia, movidos por la urgencia de mostrar resultados, sería hipotecar el futuro industrial del país.
El reto es múltiple. Cumplir con reglas de origen más estrictas implica transformar cadenas de suministro, invertir en tecnología y desarrollar proveedores locales que fortalezcan la trazabilidad. Además, la nueva generación de tratados incluye cláusulas en materia laboral, medioambiental y digital, que obligan a México a elevar sus estándares internos. El desafío es doble: alinearse con esas exigencias y, al mismo tiempo, evitar que se conviertan en barreras que excluyan a las pequeñas y medianas empresas que carecen de recursos para certificaciones costosas.
La negociación tampoco puede depender solo del gobierno. México necesita negociadores con datos sólidos, estudios sectoriales y visión estratégica, pero también requiere de un empresariado articulado que participe activamente. Cámaras, clusters y asociaciones deben construir una voz colectiva que respalde a los negociadores, proponga alternativas y marque límites claros. La fragmentación empresarial debilita la posición nacional; la unidad, en cambio, puede convertir a los empresarios en contrapeso y socio estratégico en la mesa.
Es indispensable, además, pensar en la distribución regional de los beneficios. El TMEC no puede profundizar la brecha entre el norte y el sur del país. Una renegociación exitosa debe integrar mecanismos de inclusión productiva para que más regiones accedan a las cadenas exportadoras. Sin esa visión, el tratado será un éxito macroeconómico pero un fracaso social.
Otro riesgo es la presión para ceder en sectores sensibles como energía, compras públicas o acceso a recursos naturales. Conceder sin obtener contrapartidas significativas significaría renunciar a márgenes de maniobra fundamentales. Negociar no es ceder por complacer: es intercambiar desde una posición clara y con objetivos definidos.
El empresariado mexicano tiene aquí una oportunidad histórica. Debe dejar de ser un actor reactivo para convertirse en protagonista. Eso significa presentar propuestas sobre sectores prioritarios, invertir en innovación y certificación, y vigilar la aplicación del tratado con mecanismos de rendición de cuentas. También implica construir legitimidad social: un tratado sostenible requiere beneficios percibidos no solo por grandes corporativos, sino también por pymes, productores y regiones menos favorecidas.
Lo que está en juego no es únicamente un acuerdo comercial, sino el rumbo productivo de México en la próxima década. El TMEC puede ser un motor de expansión y consolidación industrial o una camisa de fuerza que limite nuestro desarrollo. Todo dependerá de la claridad con la que se trace la estrategia, de la capacidad de los negociadores y de la madurez con que el empresariado asuma su rol.
Hoy México necesita un empresariado unido, técnico y visionario, capaz de negociar no para evitar sanciones, sino para ganar terreno. No se trata de ser vistos en la foto del tratado, sino de asegurar condiciones que construyan competitividad, inclusión regional y crecimiento sostenido. En el nuevo tablero global, el desafío es claro: negociar para no ceder y demostrar que México puede ser protagonista, no solo participante.
