El Programa de Ordenamiento Ecológico Local es un instrumento clave para ordenar el crecimiento urbano y proteger las zonas ecológicas del municipio
Silvia Ortiz
En conferencia de prensa, la Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes (ADN-A), integrada por diversas organizaciones sociales denunció la intervención de actores externos al juicio de amparo contra el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), lo cual ha provocado la suspensión del procedimiento y el retraso en su resolución.
Alejandro Larios, director de Conversa Sur sostuvo que el POEL es un instrumento clave para ordenar el crecimiento urbano y proteger las zonas ecológicas del municipio, por tanto, al dilatar la resolución del amparo contra la reforma afecta directamente la calidad del aire, el acceso al agua, la protección de especies endémicas, y hasta la temperatura de las colonias.
La Alianza señaló que Viviana Paola Pérez Preciado, abogada del despacho Corporativo Blumen (con sede en Guadalajara), ha promovido nueve recursos jurídicos improcedentes a nombre del biólogo Luis Fernando Gallardo Cabrera, quien no forma parte del juicio y carece de legitimidad para intervenir. Esta situación ha llevado al Juzgado Séptimo de Distrito a detener el avance del juicio para resolver cada recurso, lo cual entorpece el acceso a la justicia y pone en riesgo el derecho humano a un ambiente sano en Aguascalientes.
Estamos preocupados porque esta práctica, que no tiene justificación legal, coincide con un contexto de fuertes presiones inmobiliarias sobre el territorioAfirmó Alejandro Larios, integrante de la Alianza
Cabe recordar que el juicio de amparo fue interpuesto porque el nuevo POEL fue aprobado sin participación ciudadana real, sin garantizar el acceso adecuado a la información, con cambios de último momento y sin consenso que debilitan la protección de zonas ecológicas, al reclasificarlas como áreas de aprovechamiento y que ponen en riesgo a especies protegidas como la rana de madriguera.
Finalmente, la coalición de organizaciones hicieron un llamado a los tres órdenes de gobierno a asumir su responsabilidad, evitar la simulación institucional y garantizar que no se otorguen permisos ni se inicien obras mientras el juicio del POEL siga en curso.
Lo que estamos viendo no son hechos aislados, hay un patrón que es la corrupción institucional y el uso de recursos legales para favorecer intereses privados, por eso decimos que el territorio se defiende también en los tribunales
