Mujeres que sufran violencia de género cuentan con diversos mecanismos para su protección signados en la propia legislación para erradicar y castigar dichas conductas
Rubén Torres
Denunciar la violencia de género en Aguascalientes permite activar de manera inmediata mecanismos de protección y un proceso formal de investigación, con el propósito de salvaguardar la integridad de la víctima y determinar la responsabilidad del agresor. Este procedimiento está sustentado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes.
La denuncia puede presentarse ante la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, instancia encargada de recibir el testimonio, entregar un comprobante e iniciar la carpeta de investigación correspondiente. También es posible acudir a comisarías municipales o realizar un reporte anónimo a través del número 089.
Uno de los espacios especializados para la atención de estos casos es el Centro de Justicia para Mujeres, donde se brinda acompañamiento integral a las víctimas. En este lugar se recibe la denuncia y se canaliza a las áreas correspondientes para garantizar una atención sensible y libre de revictimización.
Tras la presentación de la denuncia, se activan de forma inmediata medidas de protección a favor de la víctima. Entre ellas se contempla la prohibición al agresor de acercarse o comunicarse, la restricción para acudir a su domicilio, lugar de trabajo o centro de estudios, así como la separación inmediata del agresor del hogar común.
De manera paralela, la víctima recibe atención integral que incluye apoyo psicológico, trabajo social y asesoría legal. Asimismo, se realizan exámenes médicos y psicológicos gratuitos para certificar lesiones físicas o afectaciones emocionales, y se procura que la declaración se lleve a cabo en una sola entrevista, a fin de evitar que el testimonio deba repetirse en múltiples ocasiones.
La investigación es conducida por el Ministerio Público especializado, quien se encarga de recabar pruebas y determinar si existen elementos suficientes para que un juez vincule al agresor a proceso. En esta etapa, además de las medidas de protección, pueden dictarse medidas cautelares como la prisión preventiva u otras restricciones necesarias para garantizar el desarrollo adecuado del procedimiento.
