Manuel Alonso García es elegido como nuevo Fiscal General de Aguascalientes: ¿Qué significa para la seguridad del estado?
Con veinte votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, diputados eligieron al nuevo fiscal general del estado
Con veinte votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, diputados eligieron al nuevo fiscal general del estado

Silvia Ortiz
Luego del análisis y revisión de los tres perfiles que fueron propuestos para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, el Poder Legislativo, en sesión extraordinaria llevó a cabo la elección de quien estará al frente de la fiscalía por un período de siete años.
En sesión abierta, transparente y de frente a los ciudadanos, el Pleno del Congreso designó por mayoría de votos a Manuel Alonso García como nuevo Fiscal General del Estado de Aguascalientes.
La elección se dio con una votación nominal en la que obtuvo 20 sufragios a favor, 1 en contra y cinco abstenciones, por lo que se llamó al ciudadano Manuel Alonso García al salón de sesiones para rendir la protesta de ley correspondiente.

El diputado presidente de la mesa directiva de dicha sesión extraordinaria, Rodrigo Cervantes Medina, reafirmó que la persona que estará al frente de la Fiscalía General tendrá la responsabilidad de promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana, la vida libre de violencia y de protección a las víctimas.
Cervantes Medina añadió que deberá participar y colaborar con las instituciones educativas y con la sociedad civil organizada en la creación e implementación de políticas públicas orientadas a la investigación eficiente y la reducción de los casos de impunidad.

Asimismo, el legislador subrayó que prevalece el compromiso ineludible con las familias de Aguascalientes de mantener un entorno pacífico y seguro para vivir.
Por su parte, el Fiscal electo Manuel Alonso García, sostuvo que una de sus tareas principales una vez que inicie su nueva encomienda, será la de proteger a las víctimas del delito, promover la justicia y defender la legalidad en el Estado, además de garantizar los derechos de las y los ciudadanos, y actuar siempre a favor del interés público.
Se plantea fortalecer mecanismos como la mediación, el diálogo y la atención temprana de faltas administrativas