La reforma judicial, advierten especialistas, abre la puerta a sentencias influenciadas por afinidad política y debilita la certeza jurídica para el sector productivo
Rebeca Aguilera
La reforma judicial impulsada a nivel federal coloca a los empresarios mexicanos en una posición de clara desventaja frente a futuras sentencias, debido a la posible cercanía partidista de quienes impartirán justicia, advirtió el abogado fiscalista, Marvin Alfredo Gómez Ruiz, durante un encuentro con empresarias en Aguascalientes.
El especialista señaló que, más allá del discurso político que presenta la reforma como un avance democrático, existe una preocupación real por el debilitamiento de la división de poderes, uno de los pilares fundamentales de los Estados modernos. A su juicio, el nuevo modelo abre la posibilidad de que las decisiones judiciales dejen de basarse estrictamente en la ley para responder a criterios políticos.
Explicó que uno de los puntos más delicados es la creación de un tribunal disciplinario que evaluará el desempeño de jueces con parámetros que no necesariamente serán jurídicos, sino de afinidad o conveniencia política. Esto, dijo, genera un entorno de presión en el que los juzgadores podrían verse condicionados a fallar conforme a intereses del poder en turno, y no conforme a derecho.
En este contexto, Gómez Ruiz advirtió que los empresarios, particularmente los formales, quedan en una situación de vulnerabilidad frente al Estado. Señaló que, ante un conflicto fiscal o administrativo, muchos contribuyentes preferirán ceder y pagar antes que acudir a tribunales donde no exista certeza de imparcialidad.
Subrayó que esta percepción de falta de independencia judicial se agrava al combinarse con los recientes cambios en materia fiscal, que fortalecen las herramientas de presión de la autoridad sobre los contribuyentes cautivos. La consecuencia directa, afirmó, es un entorno de incertidumbre que inhibe la inversión y frena el crecimiento económico.
El abogado recordó que ningún país puede aspirar a un desarrollo sostenido si las reglas del juego no son claras y si los sectores productivos perciben que la justicia puede estar condicionada por intereses partidistas. Añadió que la inseguridad jurídica provoca que el empresariado adopte posturas defensivas, limite proyectos de expansión y reduzca la generación de empleos.
Finalmente, hizo un llamado a visibilizar el impacto que estas reformas pueden tener en la economía real, al considerar que sin tribunales independientes no existe un contrapeso efectivo frente al poder fiscal y administrativo del Estado, dejando a los empresarios en una posición desigual ante posibles sentencias judiciales.
