La compra y coacción del voto son un delito electoral que se castiga con cárcel ya sea que lo haya cometido un ciudadano común o un servidor público
Silvia Ortiz
A pocos días de que inicien las campañas electorales para quienes estarán contendiendo para ocupar un cargo en el Poder Judicial del Estado, Daniel Gutiérrez Ruvalcaba, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales sostuvo que, es muy importante que los Partidos Políticos se abstengan de inmiscuirse en las campañas judiciales ya que no sólo podrán ser infraccionados sino que estarán cometiendo un delito electoral.
Sabemos que tenemos que informar, capacitar y prevenir a los Partidos Políticos para que no caigan en actos de compra de votos, deben saber que no se puede invitar a las líderes de colonia para que a su vez llamen e incluso lleven a la gente a votar, en caso de que esto esté sucediendo, la gente puede denunciar si quieren de manera anónima y nosotros iniciar con las líneas de investigación
Subrayó que la compra del voto es un delito electoral porque se están utilizando recursos públicos, y es sancionado con cárcel. Si un ciudadano común es quien está comprando el voto la sanción es de tres meses a tres años de prisión y si es un servidor público el castigo es de dos a nueve años de prisión y esto es con una sentencia.
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Gutiérrez Ruvalcaba pidió el apoyo de toda la ciudadanía para evitar que partidos políticos se metan al proceso.
Tenemos que estar muy vigilantes, debemos observar y denunciar, nosotros desde la Fiscalía al darnos cuenta de que se está cometiendo un delito iniciamos inmediatamente las carpetas de investigación de oficio, pero les pido su apoyo para que denuncien y nos lo hagan saber directamente a la fiscalía
En el caso de los juzgadores que seguirán en funciones mientras esté el tiempo de la campaña, sostuvo que, no podrán utilizar sus redes sociales ni hacer actos de campaña mientras están en sus horarios laborales ya que podrán hacerse acreedores de un infracción electoral pero aparte también estarían cayendo en un delito electoral por estar utilizando recursos públicos para hacerse campaña y promover el voto.
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