El acceso a sanitarios públicos dignos sigue siendo una deuda social con mujeres y poblaciones vulnerables
Rebeca Aguilera
Ir al baño es un derecho corporal y urbano. Lo demás es retórica.
En teoría, cualquiera puede entrar a un baño público. En la práctica, no todos los cuerpos caben. En muchas ciudades del mundo, los sanitarios públicos siguen siendo pocos, inseguros, insalubres, caros o simplemente inexistentes. Y cuando existen, no siempre están pensados para mujeres, personas menstruantes, adultas mayores, con discapacidad o identidades no normativas.
El diseño urbano aún parte de un modelo masculino y funcional. Pero las mujeres tardan más en el baño, no por capricho, sino por anatomía, por los cuidados que asumen (niños, adultos mayores), por la ropa, por la menstruación. Pese a ello, los sanitarios femeninos suelen ser menores en número y más propensos a colas interminables. Es lo que algunas autoras llaman la arquitectura de la impaciencia patriarcal.
En contextos vulnerables, el panorama empeora. En zonas rurales, escuelas o asentamientos irregulares, el acceso a baños seguros y dignos sigue siendo un lujo. Esto afecta especialmente a niñas y adolescentes, que faltan a clases durante su menstruación por no contar con espacios adecuados, limpios o privados para atender sus necesidades básicas.
Además, la seguridad en los baños no es un detalle menor. Las agresiones sexuales, el acoso y la falta de privacidad convierten a muchos sanitarios públicos en zonas de riesgo, no de alivio. Y para las personas trans, el simple hecho de elegir un baño puede significar violencia verbal, discriminación o incluso arresto.
Frente a este panorama, hay esfuerzos por corregir la desigualdad. Algunas ciudades han comenzado a implementar baños universales, con accesos más amplios, privados, sin distinción binaria y gratuitos. Pero la deuda estructural sigue ahí.
