Unidades de diversidad sexual avanzan lento en Guanajuato: solo 14 municipios cumplen
A nueve meses de haber vencido el plazo legal, la mayoría de los municipios del estado no ha instaurado sus Unidades de Atención a la Diversidad sexual y de Género
Sin embargo, la Subsecretaría ha detectado que muchos municipios desconocían incluso el exhorto emitido por el Congreso local para impulsar dichas unidades.
En este sentido, García Frausto reconoció que ha habido intentos de imponer perfiles ajenos a las luchas de la comunidad, pero tras intervenciones directas, al menos dos municipios replantearon sus decisiones.
“Mejor tarde, pero bien hecho”
García Frausto reconoció que los tiempos de instauración han sido lentos, pero subrayó que en algunos casos es preferible tardarse a que las unidades se instalen sin la debida sensibilización ni representatividad.
“Cada municipio es distinto, cada uno tiene su cultura local. Y ahí radica el reto: lograr consensos para generar política pública real, no unidades de papel”, expresó.
Mientras esa reforma se presenta, el enfoque inmediato es lograr que los reglamentos municipales incluyan esta obligación.
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Ricardo García Frausto, titular de la Subsecretaría de Diversidad Sexual y de Género del estado de Guanajuato / Mary Elenne Castro
León, Gto.- A pesar de los avances legislativos en materia de derechos LGBTIQ+ en Guanajuato, el proceso de implementación de las Unidades de Diversidad Sexual y de Género en los municipios del estado se enfrenta a rezagos, simulaciones y resistencias estructurales, reconoció Ricardo García Frausto, titular de la Subsecretaría de Diversidad Sexual y de Género estatal.
El funcionario detalló que con el mandato legal vigente desde septiembre de 2024, solo 14 municipios cuentan con una unidad establecida, mientras que el resto, va con retraso, sin reglamentos claros y con falta de personal autoidentificado como parte de la comunidad.
Cabe destacar que otras cinco se encuentran en proceso, como es el caso de Irapuato, donde ya se anunció públicamente a Evera Chávez, unamujer trans, como encargada de despacho, y San Miguel de Allende, que recientemente publicó su reglamento correspondiente.
Al menos el 60% de los municipios no sabían de su existencia. Hoy es el segundo exhorto y seguimos enfrentando omisionesGarcía Frausto.
Actualmente hay mujeres y hombres trans al frente de unidades en municipios como Romita y Jerécuaro. Entre los municipios que ya cuentan con unidad y reglamento destacan Cortazar, el primero en instalarla, San Miguel de Allende, Acámbaro y San Diego de la Unión. Otros, como San Francisco del Rincón, Purísima y Moroleón están en proceso.
Expresó que llama la atención el caso del municipio de León, el más poblado del estado, que a pesar de haber instaurado su unidad, no cuenta aún con un reglamento ni una persona titular al frente, especialmente tras la renuncia de Mariana Oliveros.
Actualmente, de las unidades de atención a la diversidad sexual y de género que ya han sido instauradas en Guanajuato, nueve se encuentran en municipios gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), dos en administraciones de Movimiento Ciudadano y una en un ayuntamiento de Morena. El subsecretario Ricardo García Frausto subrayó que las necesidades de las poblaciones LGBT+ atraviesan todas las fuerzas políticas, por lo que el compromiso no debe limitarse a una ideología partidista, sino al cumplimiento de la ley y a la inclusión real.
Uno de los puntos críticos señalados por el funcionario es que la ley estatal no obliga a que las personas al frente de estas unidades municipales pertenezcan a la diversidad sexual o de género, a diferencia de lo que sí estipula el artículo 26 para cargos a nivel estatal.
“Ese fue un error que no se corrigió al momento de legislar. Hoy hacemos ese acompañamiento con los municipios, exhortándolos a que respeten el espíritu de la ley y nombren personas autoidentificadas como parte de estas poblaciones”.
Otro de los desafíos es el intento de varios gobiernos municipales de diluir la función de las unidades específicas para la diversidad sexual, incluyéndolas bajo estructuras más amplias como coordinaciones de derechos humanos o de atención a “grupos prioritarios”.
“Nos hemos topado con propuestas de direcciones conjuntas, como ‘Derechos Humanos y Diversidad Sexual’, lo cual desdibuja la lucha histórica de las poblaciones LGBT+, que lograron con años de esfuerzo la creación de una ley específica. La subsecretaría interviene en estos casos, aunque no tenga la atribución legal para impedirlo, iniciando diálogos y gestiones con autoridades municipales”, enfatizó.
Un ejemplo de esta tensión es el caso de Salamanca, donde si bien ya se estableció una dirección conjunta, se ha mantenido un diálogo abierto con colectivos como Conmigo Así y con el activista Quino, persona no binaria, para buscar una reforma que respete el mandato legal original.
LaLey para la Diversidad Sexual del Estado de Guanajuato establece que cada ayuntamiento deberá instalar un organismo para atender a la diversidad sexual y de género, considerando su capacidad presupuestal. La ley no impone un rango específico —puede ser una unidad, coordinación, jefatura o dirección— pero sí exige su existencia y funcionalidad.
“El Poder Ejecutivo estatal ya cumplió su parte con la creación de esta Subsecretaría, incluso más allá de lo estipulado, reformando la Ley Orgánica para generar una Secretaría de Derechos Humanos. Hoy el cumplimiento recae en los municipios”, aclaró García Frausto.
El llamado del funcionario fue claro: que las unidades de diversidad sexual se ubiquen dentro de un organigrama con enfoque de derechos humanos, reportando a áreas que también trabajen con personas migrantes, pueblos originarios o en contextos de movilidad. Pero sin perder su especificidad. “No podemos permitir que las unidades se diluyan o se fusionen con otros enfoques. Las poblaciones de la diversidad han luchado demasiado para que hoy les pidamos compartir su espacio con otras agendas que también son importantes, pero que deben tener sus propios canales de atención”.
“He preferido que nos tardemos y se haga bien, a que las cosas se hagan rápido y mal”, dijo. “Hay municipios que han entendido la importancia de que al frente de estas unidades esté una persona autoidentificada de la comunidad; eso también ha requerido explicar el daño sociocultural de no ejercer esa acción afirmativa”.
El acompañamiento técnico por parte de la Subsecretaría ha implicado reuniones directas con alcaldes y regidores de diversas fuerzas políticas, pues uno de los grandes retos ha sido sensibilizar a los gobiernos locales que, en palabras de García Frausto, no siempre cuentan con la formación ni el enfoque necesario en derechos humanos.
También reconoció que hay activismos históricos que han sido discriminados por no contar con un título universitario, aunque han hecho trabajo técnico y legislativo desde hace años. Por ello, pidió no ignorar a estas personas ni excluirlas de los nombramientos.
Finalmente, el funcionario estatal adelantó que ya tienen lista una iniciativa de reforma a la ley para establecer explícitamente que las personas titulares de estas unidades deban ser autoidentificadas como parte de la comunidad, con base en el principio de autoidentificación reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Si lo establece el reglamento municipal, ya es obligatorio para ese municipio”, explicó. “Y sí, hemos tenido que explicar que no existe un certificado de diversidad sexual, basta con que la persona se autoidentifique”.
