CANIRAC Guanajuato afirmó que estas propuestas requieren claridad normativa y acuerdos entre empleadores y trabajadores para evitar afectaciones a la operación.
Mary Elenne Castro Mares
León, Gto.- La implementación de la Ley Silla y de la jornada laboral a 40 horas semanales representan un desafío importante para el sector restaurantero en Guanajuato, tanto en términos operativos como financieros.
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Así lo señaló Manuel Bribiesca Sahagún, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) del estado, quien consideró que estos cambios requieren de un análisis, claridad normativa y equilibrio entre los derechos laborales y la viabilidad de las empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
El líder empresarial explicó que, aunque ambas iniciativas laborales buscan mejorar las condiciones laborales, su aplicación práctica plantea retos que deben evaluarse con responsabilidad, considerando el impacto que tendrán en los centros de trabajo.
“Creo que hay que valorarlo bien y tener claridad sobre todo lo que está pasando y lo que va a pasar”, señaló.
Bribiesca Sahagún indicó que en el caso de la Ley Silla, el sector restaurantero de Guanajuato está identificando las áreas de oportunidad y las estrategias necesarias para cumplir con la normativa.
Subrayó que es necesario entender el alcance de la ley, sus obligaciones y la forma en que se aplicará en actividades operativas donde el trabajo es dinámico.
Añadió que la implementación dependerá de una revisión detallada de los procesos internos y de la capacidad de los establecimientos para adaptarse sin afectar su operación diaria ni la atención al cliente.
Además, el presidente de la CANIRAC Guanajuato manifestó que el reducir la jornada laboral a 40 horas semanales es un tema más complejo. Señaló que debe abordarse con cautela, ya que el objetivo del Gobierno Federal es beneficiar a la mayor parte de la población, pero también consideró analizar las implicaciones económicas que conlleva.
Indicó que el propio Gobierno de México es uno de los mayores empleadores del país, por lo que una reducción de la jornada laboral implicaría gastos adicionales significativos y el uso de recursos públicos cuya disponibilidad no está del todo clara.
“Tiene que haber una situación real entre lo que se quiere, lo que se desea y lo que se puede”, puntualizó.
Advirtió que, para cumplir con una jornada de 40 horas, el gobierno podría verse obligado a contratar más personal si los actuales funcionarios no logran sacar adelante su carga de trabajo, lo que representaría un impacto financiero considerable.
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Asimismo, mencionó que, además de la reducción de la jornada, existen propuestas para incrementar el pago de aguinaldo y otras prestaciones laborales, lo que sumaría una presión adicional tanto para el sector público como para el sector privado.
El dirigente empresarial reconoció que se están impulsando estas iniciativas como parte de la defensa de los derechos laborales. No obstante, insistió en que es indispensable llegar a una negociación equilibrada, que permita beneficios reales para los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad de las empresas.
Señaló que se debe encontrar un punto medio en el que los empleados puedan mejorar su calidad de vida, mientras que los empleadores mantengan la capacidad de generar riqueza, crecer y sostener las fuentes de empleo.
Explicó que en el sector restaurantero muchos negocios operan con márgenes ajustados, por lo que cualquier cambio en la estructura laboral debe analizarse con especial cuidado para evitar afectaciones en su estructura.
